Una alteración en los precios de la energía tiene consecuencias sobre la inflación y sobre el conjunto de la actividad económica, lo que afecta a la posición competitiva del país. La importancia del impacto depende de la dependencia energética, de la estructura de mercado, del sistema productivo y de la fase del ciclo económico. Especial incidencia tiene la variación de los precios del petróleo, cuyas alteraciones son origen de abundantes y profundas perturbaciones que afectan a la estabilidad de la economía mundial. La composición del consumo privado y del sistema productivo, así como el tipo de cambio frente al dólar, explica el tamaño del efecto inflacionario derivado de un aumento de los precios del crudo.
«El aumento de precio de los productos energéticos altera los costes de las empresas»
Desde un punto de vista microeconómico, un aumento de los precios de los productos energéticos altera los costes de las empresas. La decisión o la capacidad de trasladar un aumento de costes a los precios depende de múltiples factores, entre los que cabe mencionar la estructura del mercado, su eficiencia y competitividad y la elasticidad de la demanda. Desde una aproximación macroeconómica, por el lado de la oferta, el aumento de costes genera una reducción de los beneficios y, adicionalmente, del margen destinado a inversión en bienes de capital, lo que a largo plazo lleva a una disminución de la capacidad productiva, de I+D+i y de la producción. Por el lado de la demanda, deprime el consumo y, por tanto, tiene un impacto contractivo sobre la demanda agregada.
Los mercados de petróleo son mercados internacionales muy sensibles a acontecimientos de tipo económico y geopolítico y en ellos las expectativas representan un papel cada vez más importante. Los precios de los diferentes crudos se forman a partir del precio de los crudos de referencia, Brent y WTI, mediante la adición a los mismos de una prima o un descuento en función de la diferencia de calidad con respecto al crudo de referencia. Así, características como la densidad del crudo, el contenido en azufre, el perfil de destilación o la localización geográfica son variables que van a influir en el precio. Los productos derivados del petróleo tienen sus propios mercados con sus propios drivers. Factores como la estacionalidad, la escasez o abundancia relativa del producto en un área geográfica determinada o los precios de los productos sustitutivos determinan las oscilaciones. Además, el precio que pagan los consumidores incorpora una carga impositiva que puede llegar hasta el 70 por cien del precio final.
Los mercados gasistas se configuran como mercados nacionales y regionales de distintas características. El transporte de gas, de gran complejidad técnica, elevados costes y poca flexibilidad de destino, explica esta configuración, así como las rígidas relaciones comerciales basadas en contratos a largo plazo que dominan el comercio internacional de gas. Los precios de estos contratos responden no solo a la necesidad de hacer viables los proyectos de inversión, sino también a que los precios sean competitivos con respecto a otras energías alternativas. No son, pues, precios que reflejen los costes de producción.
Los mercados eléctricos son, en algunos casos, de ámbito nacional, pero en su mayoría son o están evolucionando hacia mercados regionales. Las tendencias liberalizadoras han configurando mercados eléctricos competitivos, en el caso español de tipo marginalista. Las diferentes características técnicas y económicas de las diferentes tecnologías con las que se genera la electricidad son las que finalmente van a determinar los precios en el mercado.
Tanto el mercado minorista de gas como el de electricidad se encuentran totalmente liberalizados. Sin embargo, para determinados consumidores, fundamentalmente los consumidores domésticos, la normativa permite elegir entre acudir al mercado libre o ser suministrados por un comercializador de último recurso a un precio regulado denominado tarifa de último recurso (TUR). Una parte del precio del gas y de la electricidad se fija administrativamente para remunerar las actividades necesarias para el suministro que por sus características han permanecido bajo regulación y que pagan todos los consumidores por igual, independientemente de la modalidad de suministro por la que hayan optado. Es fundamental para la estabilidad del sistema retributivo que el precio final que pagan los consumidores sea suficiente para cubrir los costes y evitar así el surgimiento de déficits y los problemas asociados a su financiación.
