Transferir conocimiento, el eterno problema de la ciencia española

«La transferencia del conocimiento hacia el tejido empresarial es un gran problema que tenemos en España». En estos términos se expresó Antonio Raga, catedrático de Zoología y director del Parque Científico de la Universitat de Valencia en el Congreso Internacional Universidad y Propiedad Industrial. El presente y los nuevos retos. Las jornadas de discusión, organizadas por el Grupo i+d Propiedad Intelectual e Industrial Universitat de València y por VLC Campus, profundizaron en la relación que existe entre el ámbito universitario (como ente público) y las empresas de base tecnológica (pertenecientes al sector privado) a la hora de explotar la tecnología dado que «más del 70% del conocimiento sigue generándose en las universidades», como recordó Raga.

Un referente en cuanto a transferencia de tecnología dentro de la Comunidad Valenciana es el Parque Científico de la Universitat de València. Este enclave supone un punto de encuentro entre la investigación pública académica y la empresa privada. Desde su creación en 2008 el número de negocios ha aumentado hasta los 74 que alberga en la actualidad, y sólo en 2012 se firmaron 94 patentes. La gran apuesta del Parque es la biotecnología, ya que cuenta «con empresas punteras» pertenecientes a este sector, afirmó su director de manera rotunda.

Desde el punto de vista de Alicia Blaya, asesora legal en propiedad industrial y transferencia de conocimiento, las instituciones españolas necesitan «profesionalizar sus servicios de transferencia de conocimiento». Pero también admite que algunos de los problemas que plantea el proceso surgen a causa del «desconocimiento del sistema de derechos sobre la propiedad industrial». Para la jurista, el verdadero indicador del éxito en generación o transferencia de conocimiento es «el número de spin-offs que sobreviven en el mercado una vez transcurridos cinco años». Una empresa de base tecnológica que surge a partir de una tecnología desarrollada en la universidad es lo que se conoce como spin-off, y puede contar con la participación de profesores de la institución. En este punto es donde entran en contacto sector público y privado.

Pero si hubo un aspecto en el que se mostraron de acuerdo los ponentes durante las jornadas es la complejidad que presenta la transferencia de conocimiento. Para tratar de facilitar este proceso las universidades cuentan con unos departamentos llamados OTRIs (Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación), que actúan como intermediarias entre universidad y empresa.

«Un profesor universitario no puede poseer más del 10% del capital de la empresa en la que está vinculado»

Confusión y límites indefinidos

Tal y como destacó Carlos Vargas, director de la OTRI de la Universidad de Almería, el marco legal que regula las spin-offs se compone de tres pilares: la normativa universitaria (Ley Orgánica 6/2001 y Ley Orgánica 4/2007), la Ley de Economía Sostenible y la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. «Presentan realidades distintas que son difíciles de encajar, porque están planteadas de acuerdo a intereses diferentes. El problema yace en cómo cohesionarlas». La redacción de la propia normativa, que en determinados casos evita precisar exactamente el cómo, se caracteriza por su ambigüedad y «escasa aportación frente a las leyes que ya existían», destacó el responsable de la OTRI.

Una de las limitaciones que establece la jurisdicción para el personal docente que participa en una spin-off es la imposibilidad de poseer más del 10% del capital de la misma. Respecto a la compatibilidad laboral, se establece que el personal universitario puede acceder a una excedencia de cinco años como máximo para participar en un proyecto empresarial, o compaginar las jornadas de trabajo (tiempo completo y/o parcial). Pero en ocasiones «estos requisitos no van acompañados de los sistemas de control adecuados, por lo que en la práctica no es inusual que un profesor universitario sobrepase el 10% de capital, por ejemplo», lamentó Vargas.

A priori el sistema actual de transferencia de conocimiento del sector público al privado plantea varios conflictos morales, particularmente porque ambos sectores se entremezclan hasta tal punto que es tarea ardua delimitarlos, y en esto la legislación ayuda poco. Respecto a esta cuestión, Antonio Raga se mostró  cauto: «Todo es confuso y los límites no están claros», admitió. No obstante, «¿qué gana un funcionario guardando ese conocimiento que genera?», se preguntó el investigador. «Las empresas de base tecnológica crean puestos de trabajo y pagan impuestos. Esa ventaja hay que tenerla en cuenta­— añadió—. Aunque el marco legal no está muy claro, creo que existen opciones para mejorarlo».

Laura Garsando. Periodista (Valencia).
© Mètode 2013.