La huerta bajo el asfalto
La modificación de la Ley de la Huerta permitirá urbanizar en zonas agrarias protegidas e inundadas por la DANA
Desde mediados de siglo XX, la huerta de València ha visto como edificios, infraestructuras, calles e industrias ocupaban todo donde antes existían suelos y zonas agrarias, muchas de ellas protegidas. Ahora, el pulso entre la agricultura y la urbanización continúa con la decisión que tomó la Generalitat Valenciana el pasado febrero de aprobar la modificación de la Ley de la Huerta de València y el Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta. Además de la eliminación del Consell de l’Horta con todo el que esto supone.
¿Qué supone esta modificación?
Este cambio permite flexibilizar la edificación en los terrenos que actualmente tienen la protección de Grado 3 por su valor agrícola, “tanto en municipios afectados por la DANA como en otros que también requieren soluciones frente a la emergencia de la vivienda”, explicaron desde el Govern Valencià.
Así, de las 11.000 hectáreas protegidas por la ley vigente hasta ahora, con la nueva normativa se liberaría un tercio. Según el colectivo Per l’Horta, “esto supone 3.800 hectáreas dentro de quince municipios”. Permite, además, la reclasificación de terreno agrario con menos controles y justificaciones, “favoreciendo la especulación urbanística” explican desde la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE).
En el ámbito territorial se ha anunciado la reducción de una parte de los suelos que hoy están protegidos por la huerta. Esta protección está definida por sus valores y capacidades productivas, medioambientales, paisajísticas y de seguridad ante el riesgo de inundación. “Todos estos aspectos son entendidos como una parte indisoluble de lo que hoy se entiende como “Infraestructura Verde” (áreas de valor o críticas del territorio que hay que preservar de las transformaciones humanas)” explica el doctor en Geografía de la Universitat de València especializado en planificación territorial y urbanística, José Vicente Sánchez.
Llegan las máquinas y de forma repentina destrozan el territorio “y es evidente que si no se tiene en consideración a la población local, seguramente la desvirtualización del territorio será muy menor y esto es un punto débil muy marcado”, explica el doctor en Geografía de la Universitat de València, Ivan Portugués. Una vez se da esa flexibilidad para poder construir, para urbanizar y para construir otras infraestructuras, como por ejemplo los mismos canales que se están diseñando, “lo que provoca es una fragmentación progresiva de la huerta”, afirma Portugués.
De este modo, con la modificación de la Ley “se deja caer una disciplina como es ‘la ordenación territorial’ para abordar un problema que es, en esencia, de base ‘territorial’”, afirma José Vicente Sánchez.
Consell de l’Horta
Otra de las novedades de la modificación fue la eliminación del Consell de l’Horta, un consorcio con personalidad jurídica propia que tenía plena capacidad para obrar y disfrutaba de autonomía en su organización y en la administración del patrimonio propio para el cumplimiento de sus fines. El Consejo anunció que su eliminación respondía a la intención de “simplificar estructuras administrativas, ahorrar costes y evitar duplicidades”.
La rescisión del Consell de l’Horta supone la supresión de un organismo con competencias para valorar los proyectos propuestos que afectaron a terrenos protegidos de huerta, y en el cual participaban, no únicamente administraciones públicas (tanto autonómicas como municipales), sino también entidades agraristas y de defensa del territorio y el medio ambiente. Según explica la abogada miembro de Per l’Horta, Ana De Sousa, “ahora este organismo ha quedado supreso y todas sus competencias han sido absorbidas por la Consellería de agricultura que podrá ahora, sin contrapeso y pluralidad de actores, tomar decisiones sobre el territorio valenciano”.
Y con la eliminación de este órgano también le han seguido la desaparición de protecciones clave que garantizan la preservación de la huerta y facilitan su dinamización como por ejemplo la Marca Producto de la huerta de València o el Plan de Desarrollo Agrario (PDA). Esta marca, nació como una iniciativa del Consell de l’Horta para promover las frutas y hortalizas locales frente a la competencia de importaciones de los lineales y cadenas de supermercados.
¿Y qué supone la eliminación de este órgano? “Todo un retroceso, una pérdida y un valor que la sociedad valenciana tendría que reivindicar y defender sin tapujos” explica José Vicente Sánchez. “Si hoy los valencianos nos sentimos orgullosos de la supervivencia del Tribunal de las Aguas y de cómo ha conseguido sobrevivir a través del tiempo, el Consell de l’Horta tendría que jugar un papel similar en el fomento de la calidad de vida de los valencianos en las próximas generaciones”, afirma el geógrafo.
Esta fragmentación puede generar problemas de eficacia y de coordinación en la aplicación de las políticas dirigidas a la huerta. Por eso, La Unió Llauradora y Ramadera propone “que una Dirección General ya existente dentro de la Consellería de Agricultura, asuma la coordinación de las funciones que ejercía el Consejo de l’Horta, con el fin de garantizar una interlocución clara y unificada para los agentes agrarios y para el resto de la administración”, así como un seguimiento más eficiente de las políticas dirigidas a la protección y desarrollo de la huerta y una ejecución coordinada de las actuaciones previstas, evitando duplicidades y retrasos en la gestión”, afirma la organización agraria.
Desde la esfera de los dirigentes políticos actuales, el Consell de l’Horta ha sido demonizado. Se le ha hecho responsable de buena parte de la desgracia, “en un debate miope basado con el supuesto bloqueo de infraestructuras. Hace falta no olvidar que hablamos de un órgano que está concebido para fomentar el diálogo y la coordinación entre agentes. No tendría que ser la “cabeza de turco” cuando se sabe que antes habrá responsabilidades técnicas y políticas que dirimir a los tribunales” explica José Vicente Sánchez. Se puede discutir si este órgano tiene que tener atribuciones meramente consultivas o vinculantes, “pero nunca su eliminación o transferencia dentro del sinus del gobierno valenciano”, explica el doctor en Geografía.
«Solución frente a la DANA»
Uno de los motivos por el cual se ha realizado la modificación de la Ley de la Huerta es por la DANA. El conseller de Territorio, Vicente Martínez Mus afirmó que “la modificación de estas normas se justifica por la necesidad urgente de abordar carencias y obstáculos que han surgido desde su aprobación el 2018” y que “ante la extraordinaria y urgente necesidad de reparar o de emprender determinadas infraestructuras, especialmente las hidráulicas y sus elementos asociados, se suprime el carácter vinculante de los informes de la Consellería competente en materia de paisaje en relación con las condiciones para las infraestructuras en el ámbito de la huerta de València, con el fin de poder compatibilizar adecuadamente los distintos intereses y bienes”.
Ivan Portugués, explica que al flexibilizar la ley para poder construir canales de defensa y conexiones de unas cuencas con las otras para poder evacuar las aguas, “lo que se hace es impermeabilizar el territorio, es decir, se acelera el proceso de las avenidas”. Además, afirma que “desde el punto de vista hidrológico los pavimentos son sellados porque los suelos no pueden absorber parte del agua, y lo que hacen es escolar”. Por lo tanto, lo que se produce es un mayor flujo en superficie, que tiene más fuerza y no pierde energía. “La huerta aporta un papel fundamental cuando el barranco se desborda y la misma rugosidad de los campos lo que hace es disipar la energía de las aguas desbordadas”, afirma Portugués. Por lo tanto, lo que se ha modificado con motivo de poner solución a posibles avenidas futuras podría ser incongruente, puesto que la eliminación de los espacios verdes supondría un problema. La huerta enjuga el agua, mientras que las zonas asfaltadas hacen filtración cero y las aguas cogen más velocidad en la calle.
Por eso, “si la intención es flexibilizar para poder construir medidas de defensa, pero, por otro lado, se potencia que esos flujos desbordados puedan llegar más lejos y con más fuerza, pues, evidentemente, es un contrasentido”, concluye Ivan Portugués.
Los sistemas de huerta tradicionales son los mejores aliados desde un punto de vista geográfico y medioambiental para drenar las aguas cuando llegan de forma abrupta a tierra, “la huerta es un sistema territorial resiliente”, explica José Vicente Sánchez.
Por todo esto las organizaciones muestran su desaprobación ante una modificación que consideran inalcanzable. La coordinadora de SEAE, Helena Cifre Sapena, explica que se ha aprobado aprovechando una emergencia como la DANA y sin ningún tipo de proceso de debate político y de 0 participación ciudadana. “Es un paso atrás en materia de protección ambiental y de cura de nuestro territorio. A largo plazo, ocupar con cemento espacios agrarios llevará más problemas en los momentos de emergencias meteorológicas”. Se ha evidenciado que la tierra amortigua los daños causados por lluvias y riadas, todo al contrario que hace el cemento.
“Solución frente a la emergencia de la vivienda”
El Govern Valencià pone el foco en la urbanización y la edificación con el motivo de “poner solución a la emergencia de vivienda”. De este modo se abren las puertas a nuevas construcciones, pero según el sector agrario, a expensas de la agricultura y la huerta valenciana.
Ana De Sousa explica que el problema de la vivienda no tiene que ver en que no haya vivienda construida suficiente, “tiene que ver en que no hay bastante vivienda disponible. La concentración de la propiedad en los últimos años ha hecho que grandes propietarios aglutinen bolsas gigantes de pisos. Con esta concentración, estos grandes actores de la especulación, distorsionan el mercado, restringiendo la oferta y generando subidas de precios en su propio beneficio”. La abogada afirma que el problema de la vivienda tiene que ver con la carencia de legislación, “tendríamos que andar hacia un modelo que entienda y ponga en el centro la vivienda como derecho”, afirma. Pero “pensar que andaremos hacia la consolidación del derecho a la vivienda sacrificando nuestro territorio y nuestra soberanía alimentaria es un error de consecuencias terribles para el bienestar de nuestra población”, expone.
Desde SEAE, Helena Cifre también opina que la emergencia de la vivienda no es un problema de disponibilidad de vivienda, sino un problema de carencia de regulación y de especulación: “la emergencia de la vivienda se puede abordar de muchas maneras, y una de ellas no es construir más, se pueden regular los alquileres, la propiedad en desuso, etc.”. En caso de ser necesaria la urbanización y la edificación, pueden haber otros espacios susceptibles, según explica Cifre, “pero es una aberración hacerlo a expensas del suelo fértil de la huerta. Un suelo que será irrecuperable y las generaciones futuras lo lamentarán”.
El doctor en Geografía, José Vicente Sánchez, afirma que querer edificar en zonas protegidas “es la salida y la excusa para hacer frente a la enorme presión que ahora mismo sufre el ejecutivo del gobierno valenciano”, sobre todo teniendo en cuenta la crispación social que hay alrededor del tema de la DANA y de la crisis de la vivienda. “Se busca una respuesta rápida, pero hay que decir que no todas las respuestas se pueden dar en la misma velocidad”, afirma José Vicente Sánchez.
Respecto al sector de la construcción en ausencia de una ordenación del territorio efectiva y de escala metropolitana, “se podrá desahogar sin muchos controles, aprovechando la flexibilización de las nuevas normas urbanísticas”, afirma el geógrafo.
Para hablar de la cuestión de vivienda habría que acudir al contexto supramunicipal, afirma Sánchez. “Antes de tomar ciertas decisiones, hay que estimar el total de nuevas viviendas para desarrollar nuevos sectores residenciales dirigidos a las personas afectadas”, expone el geógrafo. Tal como está redactada la letra de la ley, “se corre el riesgo de sobredimensionar las necesidades para otros fines”, es decir, que lo que en un principio se hace con motivo de ayudar para los afectados de la DANA y con motivo de la emergencia de la vivienda, después se podría utilizar con otros motivos urbanísticos, “esperamos no ver reclasificaciones ‘encubiertas y agregadas’ innecesarias sobre lo que prevé el planeamiento urbanístico vigente”, expone Sánchez.
Mercadona y la huerta protegida
Así y todo, parece que algunos ya han aprovechado la modificación de la ley. El gran Mercadona tiene en el municipio de Albalat dels Sorells su Sede Social “la cual, parece que se le queda pequeña”, explica el periodista Julià Álvaro. “En los últimos años, siendo ya espacio protegido sin posibilidad de construcción, Juan Roig ha ido comprando en la zona casi 200.000 metros cuadrados de esta huerta protegida, pagando por los terrenos hasta el triple de su reducido precio como suelo agrario”, afirma el periodista. Unos terrenos situados junto a su Sede Social que estaban calificados de Huerta Grado 3, es decir, una zona donde no se podían llevar a cabo construcciones ni urbanizaciones que no estuvieron destinadas a mejorar la actividad y uso agrario del espacio.
Ya en 2023, contra lo que dispone la ley en vigor, “Mercadona, justo junto a la Sede Central, pavimentó casi 10.000 metros cuadrados para un almacén y para ampliar su parking. Hubo protestas, la obra se demostró ilegal y tuvieron que demoler”, explica Julià Álvaro.
Lo que no hizo Mercadona fue restaurar el espacio como huerta cultivable, que era lo marcado por ley. “De hecho, el almacén se mantuvo y se derrocó solo una parte del parking sin ni siquiera aclarar los restos de obra. Y con esto llegó la DANA y, con ella como argumento, el gobierno de Mazón, con VOX, modificó la Ley de la Huerta (decreto 4/2025) y cambió la calificación de todos los terrenos de protección 3. Justo los de Mercadona”, explica Julià Álvaro. De forma que se podría construir y “lo ilegal pasa a ser legal y el PP justificó el cambio alegando que serviría para recuperar la zona afectada por la DANA”, expone el periodista.
Pero esto queda lejos de los terrenos de Mercadona, así que la solución fue añadir al decreto la emergencia de la vivienda en toda la zona 3 que a partir de ahora pasa a ser edificable. “Así le pusieron solución al problema”, afirma Julià Álvaro. “La recalificación que necesitaba Mercadona se llevó más de 3.000 hectáreas de huerta protegida que, a pesar de ser ajenas a la problemática de la DANA, pasan de ser preservadas por su valor agrario a solares donde construir. Los terrenos se compraron como agrarios sin ninguna voluntad de cultivarlos y, ahora, han multiplicado su valor y permitirán a Mercadona ampliar tanto como quiera sus instalaciones”.
Julià Álvaro explica que “en política nada pasa por casualidad, cuando se benefician intereses de los poderosos, es porque esos poderosos influyen directamente en las decisiones políticas. La recalificación con posibilidad de construir en zonas de huerta por la DANA y por la crisis de la vivienda es una excusa. Cambiar el uso que se puede hacer de terrenos de huerta que están a 20 kilómetros en el norte de dónde ha pasado la DANA con esa excusa no tiene ningún sentido”.
Abandono de tierras
La Asociación Per l’Horta ya salió a las calles de Catarroja el pasado febrero para denunciar la modificación de la Ley de la Huerta. Ana De Sousa, explica que “a escala ambiental es evidente que consolidaremos e incluso aceleraremos la dinámica de pérdida de terreno productivo. Las presiones urbanísticas sobre el territorio producirán que las personas que se dedican al cultivo de la tierra tengan cada vez más incentivos para abandonar la producción y vender a grandes inversores de la baldosa”.
El abandono se hace ya más que evidente en la agricultura valenciana, la cual pulverizó el récord de superficie abandonada con 176.446 hectáreas el pasado 2024, según los datos del Ministerio de Agricultura. La Comunidad perdió 13.544 hectáreas en los últimos cinco años y ya supone el 17% de abandono de España.
La situación de precariedad que sufre el sector primario explica, en parte, el hecho que muchas personas encuentran la venta de sus terrenos como la solución a sus situaciones económicas de angustia y precariedad. “A escala social, el hecho de continuar perdiendo terreno productivo en favor de la especulación de la baldosa no hace sino poner en riesgo nuestra soberanía alimentaria al mismo tiempo que nos desposee y derrocha uno de los recursos no renovables más escasos y necesarios, juntamente puede ser, con el agua, que hay en el mundo: la tierra fértil”, explica Ana De Sousa.
En el año 2018 las cortes valencianas aprobaron la Ley de la Huerta de València que declaró no urbanizables 11.000 hectáreas de la huerta de València “terrenos inundables donde ahora ha quedado claro que nunca se tendría que construir”, explican desde Per l’Horta. Desde ese año se ha incrementado la presencia de negocios (restaurantes, hoteles, hípicas, entre otros) en zonas protegidas, a pesar de que la ley imponía limitaciones que “a partir de ahora desaparecerán”, explican desde Per l’Horta. Destacan así mismo que las actividades terciarias tienen una rentabilidad más grande que las agrarias, por lo cual, en igualdad de condiciones, “desplazarán la agricultura, que ya tiene unos márgenes económicos escasos”. De este modo, la muerte de la huerta se produce por una fragmentación constante en la cual al final queda una huerta residual, “esa huerta residual, ya desconectada de todo el sistema, acaba cayendo de forma más o menos rápida”, explica Ivan Portugués.
Sin debate democrático
Se ha aprobado sin un proceso de debate democrático ni de participación ciudadana. ”esto es un punto débil muy marcado”, afirma Portugués. No ha habido un debate en el mismo territorio, un proceso de participación ciudadana en el que serían los mismos agricultores de L’Horta Sud los que plantearon posibles soluciones, que “al final son los que mejor conocen las problemáticas y esta ha sido una decisión absolutamente unilateral y muy peligrosa porque debilita la democracia”, afirma Portugués.
Los orígenes de la Ley de la Huerta, se remontan a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que fue presentada a las Cortes con el apoyo de las firmas de más de 180.000 valencianos y valencianas, en lo que es una de las mayores muestras de participación política de nuestro territorio. “Más allá de la lectura política negativa que este decreto puede tener, tenemos que señalar que es, además, inconstitucional”, afirma Ana De Sousa.
Efecto rebote
Pensar que esta modificación afecta únicamente la ordenación y planificación del territorio además, obviamente, del sector primario, es un error. Son muchos los ámbitos que se podrían ver afectados por esta modificación.
En materia de turismo, activos tan importantes como el paisaje, el medio ambiente o la gastronomía se verán afectados y consecuentemente se pierde valor de territorio y de identidad. Desde hace décadas, “la huerta ha estado muy alterada, no dejando espacio para convertir los recursos territoriales en productos turísticos de alto valor añadido”, explica José Vicente Sánchez.
El debilitamiento del sector primario, “tiene consecuencias muy negativas para el conjunto de la sociedad y de los sectores económicos y productivos”, afirma Ana De Sousa. Un pueblo que es, cada vez, más dependiente de productos exteriores, en una cosa básica como es la alimentación, “es un pueblo que debilita su economía y queda absolutamente vulnerable a cuestiones de geopolítica sobre las que los y las valencianas no tenemos control ni influencia”, expone De Sousa.
También hay que vigilar lo conocido como ‘urbanismo productivo’ en desarrollos terciarios o industriales. “Muchos de estos complejos han acontecido auténticas conurbaciones que han obstaculizado el paso de las aguas el 29 de octubre del 2024 pasado con la DANA”, explica José Vicente Sánchez.
Peticiones
Desde Per l’Horta, SEAE y otros colectivos, tanto agraristas como de defensa del territorio “queremos pedirle a la administración, en primer lugar, la inmediata eliminación de un decreto ley que consideremos inconstitucional y lesivo para los intereses de los y las valencianas y de nuestro territorio”, expone De Sousa. “Creemos que es fundamental que, con la Ley de la Huerta como base, se den un diálogo valiente entre sociedad civil organizada y administraciones para poner los problemas del sector agrario como punto de partida a cualquier gestión del territorio. No podemos continuar maltratando y abandonando a las personas que nos alimentan”. El sector agrario sufre problemas como la precariedad en las condiciones laborales, la excesiva dependencia de productos químicos y maquinaria (con los altos costes asociados), una burocracia que los ahoga o la falta de relevo generacional, entre otros, “que tienen que ser abordadas con prioridad y emergencia. Solo a partir de esta visión, solo poniendo a estas personas y sus necesidades en el centro, se que podremos avanzar, con coherencia y firmeza hacia la protección del territorio en general, y de la huerta valenciana en particular”, explica Ana De Sousa.
Desde SEAE piden movilización ciudadana para conservar la Ley de la Huerta, que se amplíen los terrenos protegidos, “y que ataquen el problema de la vivienda con medidas y estrategias de ámbito social”, afirma Helena Cifre. Piden que se piense a largo plazo “evitando la especulación urbanística que solo enriquece unos cuántos”. Y a la justicia “que tome en consideración el recurso presentado y que vele por los intereses de la ciudadanía”, concluye Cifre.
Independientemente del órgano que gestiono la implementación de la Ley de la Huerta o de las consellerías que asumen estas funciones, la Unió explica que las prioridades fundamentales tienen que ser “la protección del territorio de la huerta destinado a la actividad agrícola, evitando la degradación o uso para otras finalidades, el apoyo a los agricultores profesionales, mediante ayudas directas y mecanismos que garanticen de calidad”, así como y la conservación de un paisaje emblemático “que beneficia tanto la ciudadanía valenciana como los visitantes”.
El año 2024 nuestra ciudad recibió la calificación de “capital verde europea” por la Comisión Europea. El Jardín del Turia, el parque Central o el cinturón verde son algunos de los ejemplos de zonas verdes urbanas que ofrece el «cap y casal», sin olvidar la extensa huerta y terrenos agrícolas que rodean en la ciudad. Con la modificación de la Ley de la Huerta, José Vicente Sánchez explica que “se está renunciando a tener un verdadero parque agrario metropolitano, único en Europa y en el mundo. De este modo se le restan oportunidades en una ciudad como València y también en su área metropolitana. Se pone en cuestión las capacidades para desarrollar modelos turísticos alternativos y sostenibles de calidad. Se condena al cinturón verde que ha conseguido posicionar la ciudad de València como ‘capital verde europea’. Todos estos aspectos y muchos más, están ahora mismo en jaque”.
Ivan Portugués sigue la misma línea y afirma que estas medidas de flexibilizaciones “lo que hacen es ir condenando la huerta progresivamente y evidentemente, el sector agrícola es el gran damnificado”.
Las voces expertas coinciden con el hecho que una de las reivindicaciones principales es la preservación de la huerta con el objetivo de garantizar la buena calidad de vida de las generaciones futuras. Y, para conseguir este objetivo, afirman que no se tendría que haber realizado la modificación de la Ley de L’Horta ni haber eliminado el Consell de L’Horta, puesto que, como explica el doctor José Vicente Sánchez, solo con ellos “se podrá contribuir a la protección y gestión de una huerta, la valenciana, que es ahora mismo en la UCI y con respiración asistida”.
Firmas
Con motivo de la modificación de la ley, desde Per L’Horta y el SEAE han querido solicitar al Defensor del Pueblo la interposición de un Recurso de Inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 4/2025 “para frenar este ataque contra nuestro patrimonio agrícola y garantizar que la protección de la huerta continue siendo una realidad”. Si quieres firmar accede en el siguiente enlace: https://perlhorta.info/modificacions-llei-horta-al-constitucional/
