 © M. Lorenzo |
||
|
Cuando pase un tiempo prudencial y podamos disponer de la necesaria perspectiva, la sociedad española en general y la valenciana en particular comprobarán con mayor claridad las consecuencias presentes y futuras de una década de desmesura y desgobierno territorial. Consecuencias a varios niveles, desde las relacionadas con la excesiva dependencia de la actividad económica y el empleo al sector de la construcción residencial, hasta la desaparición irreversible de referentes de nuestra historia y cultura colectivas. Ha sido una década en la que se ha creado mucho empleo, aunque con escaso valor añadido, y se han despertado muchas expectativas. Una década en la que la «ilusión monetaria» y la sensación de prosperidad impregnó amplios sectores sociales. Pero con efectos negativos, tal vez no deseados o no previstos, en materia territorial y ambiental. Se ha registrado un consumo abusivo y desordenado de energía, suelo y agua Se ha producido un muy notable incremento del coste de servicios y de gestión de residuos. Se han sentado las bases de un dualismo territorial y social, con la emergencia incluso de «ciudades cerradas», que nada tiene que ver con la tradición de ciudad mediterránea. Se ha exacerbado la movilidad… Pero, sobre todo, se ha producido la más intensa degradación y canalización de referentes identitarios y paisajísticos de nuestra historia más reciente. La «UrBanalización» de nuestro territorios, en palabras de Francesc Muñoz o la creación de «territorios sin discurso» diría Joan Nogué, son una forma adecuada de resumir procesos presididos por la saturación y la pérdida de calidad territorial y por consolidación de modelos de dispersión residencial que bien pudieran definirse como «no lugares» o «no ciudades». Las consecuencias sociales, culturales y políticas no han sido menores. En la pasada década se han consolidado una difusa opacidad y una permisiva complicidad entre amplios sectores sociales partícipes del juego «todos ganamos». Un juego con muchos riesgos, porque ha propiciado la corrupción política y administrativa y el debilitamiento de «protocolos» básicos del Estado de derecho, con la consiguiente pérdida de confianza en el funcionamiento del sistema democrático e incluso con un notable deterioro de la imagen exterior de España. En definitiva, una década que ha estado presidida por la «corrupción del urbanismo», en acertada frase del profesor Fernando Gaja. |
«En la última década se ha producido la más intensa degradación y canalización de referentes identitarios y paisajísticos de nuestra historia más reciente» |
|
 © M. Lorenzo En la fotografía, playa de la Malvarrosa, con las grúas de construcción rompiendo el horizonte. |
||
|
Pero algo está empezando a cambiar. Incluso antes de que el ciclo económico anunciara una ralentización de la construcción residencial, ya existían voces que expresaban su desconcierto y su descontento con las formas y con el fondo de un proceso desbocado que no anunciaba un buen final. Primero voces minoritarias, más tarde en forma de colectivos en «defensa del territorio», finalmente en forma de movimientos que eran expresiones más amplias que no pretendían decir «aquí no», sino «así no» y, sobre todo, no con estas consecuencias irreversibles para mis referencias culturales e históricas. Y es a partir de estas expresiones desde donde pueden construirse discursos consistentes que antepongan la cultura, la historia y la memoria colectiva ante cualquier otra opción que persiga el beneficio inmediato. Discursos positivos, propositivos y participados por una ciudadanía que ha de estar implicada y comprender que cuando un territorio o un paisaje irrepetible se pierde, desaparece una parte de su historia y de su cultura. Ha de conseguirse que esta forma de pensar ocupe el centro del imaginario colectivo. Los pueblos más cultos de Europa lo han conseguido. Y el nuestro no tiene por qué ser una excepción. Porque éste es, sobre todo, un problema cultural, que desborda ampliamente expresiones políticas y límites administrativos. Y es desde ahí, desde el trabajo que haga posible que los contextos cambien (los contextos son mucho más importantes que los textos legales y los planes) desde donde será posible conseguir cambiar la percepción mayoritaria de un pueblo en relación con la utilización de sus recursos o de su paisaje como cultura y bien público. Los pueblos más cultos de Europa han conseguido que de forma amplia se participe de una cultura territorial muy diferente a la que ha prevalecido en España. Siempre de acuerdo con una secuencia muy parecida: en primer lugar, la comunidad científica alerta sobre prácticas y situaciones indeseables o insostenibles, posteriormente los medios de comunicación se hacen eco, finalmente amplios sectores de la ciudadanía lo incorporan como problema o como reto colectivo, y finalmente esta percepción mayoritaria acaba por impregnar las políticas públicas. Nosotros estamos ahora al inicio del proceso. Muchos paisajes culturales ya serán irrecuperables, pero otros muchos se podrán mantener intactos. Y las malas prácticas dejarán de ser aplaudidas (y apoyadas en elecciones) para ser sancionadas por la mayoría de la población. Joan Romero. Catedrático de Geografía Humana y Director del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local en la Universitat de València. |
||
