Zonas áridas de Latinoamerica

Desafíos y oportunidades para un desarrollo sostenible

https://doi.org/10.7203/metode.13.21458

Plantaciones aguacates

Las zonas áridas de Latinoamérica sostienen la economía de sus países. Sin embargo, la gobernanza y los modelos económicos enfocados en el corto plazo y la exportación han resultado en injusticia ambiental, desarrollo no sostenible y promoción de la desertificación. Enfrentar los desafíos de desarrollo en ecosistemas donde el agua es limitante requiere un entendimiento profundo de las complejas interacciones socioambientales. En este artículo examinamos dos de las actividades económicas más importantes en zonas áridas de Latinoamérica: agricultura y minería, con casos representativos en Argentina, Bolivia, Chile y México, donde se aprecia la complejidad de las interacciones socioambientales, y donde además el cambio climático impacta en la disponibilidad del recurso hídrico y resulta en luchas de poder. Exponemos también cómo el enfoque de los servicios ecosistémicos y la investigación transdisciplinaria pueden resultar en modelos de desarrollo que beneficien y protejan las comunidades ancestrales y los ecosistemas que hacen únicos a estos territorios.

Palabras clave: zonas áridas, Latinoamérica, agua, desarrollo sostenible, justicia ambiental, desertificación.

Introducción

Las tierras áridas, semiáridas y subhúmedas secas cubren el 40 % de la superficie terrestre y albergan a cerca de 2.000 millones de personas. Enfrentar los desafíos de desarrollo en ecosistemas donde el agua es limitante requiere un entendimiento profundo de sus complejas interacciones socioambientales. Del 40 % de tierras áridas del planeta, el continente americano alberga un 9,6 %, con una extensión de 12,8 millones de km2. Desde el hiperárido desierto de Atacama hasta el biodiverso desierto de Sonora, se han desarrollado culturas ancestrales y es donde actualmente se sostiene gran parte de las economías de estos países.

En las zonas áridas de Latinoamérica, como en el resto del mundo, las actividades antropogénicas son propulsores dominantes (drivers) del cambio ambiental global y de la desertificación. Las actividades agropecuarias a gran escala y la urbanización descontrolada, así como las actividades extractivas en combinación con marcos institucionales débiles, han fomentado cambios de uso del suelo que comprometen más el escaso recurso hídrico y la productividad de estos ecosistemas. En este artículo examinamos algunos de los complejos desafíos socioambientales que enfrentan estas zonas, y exploramos casos de Argentina, Bolivia, Chile y México. Nuestro análisis quiere abrir el debate sobre qué tipo de desarrollo sostenible y justo sería posible en las zonas áridas de Latinoamérica, dadas las condiciones actuales y posible evolución futura.

Agricultura y competencia por el agua

Las zonas áridas han sido el hogar de las principales civilizaciones del mundo, en parte gracias a la posibilidad de practicar la agricultura. A lo largo de la historia, la agricultura ha representado el uso más significativo del agua, y actualmente consume cerca del 80 % del volumen total (Albrecht et al., 2018). La agricultura es por lo tanto un sector clave a considerar en el debate sobre un desarrollo sostenible en zonas áridas.

«Las tierras áridas, semiáridas y subhúmedas secas albergan a cerca de 2.000 millones de personas»

Chile ejemplifica la dicotomía entre productividad agrícola y sostenibilidad, al ser un país que a pesar de tener un 58 % de su territorio clasificado como zona árida, basa una parte importante de su economía en la exportación de alimentos (Donoso et al., 2016). Aquí no solo el cambio climático ya ha mostrado efectos en la acumulación de nieve en la cordillera de los Andes, sino que además en la última década un fenómeno denominado megasequía ha reducido hasta un 40 % la precipitación pluvial promedio esperada (Garreaud et al., 2020). Pero aun antes del cambio climático, este país ya enfrentaba desafíos en la gestión del agua debido a un sistema legal basado en una lógica de mercado, implementado bajo la dictadura de Pinochet (1973-1981), cuando se otorgaron derechos de uso de agua bajo la premisa de que eventualmente estos se redistribuirían entre actividades y usuarios según costo-oportunidad (Bauer, 2004). Se ha comprobado que los derechos de agua no se distribuyeron, sino que fueron acaparados por los usos más competitivos (Figura 1), y que actividades ancestrales, usuarios más vulnerables y usos sin valor de mercado (por ejemplo, la conservación de ecosistemas), nunca tuvieron la posibilidad de acceder al agua (Carrasco, 2016). En la actualidad, la sostenibilidad de la agricultura está en entredicho si se considera que el agua en la mayoría de las cuencas está ya sobreotorgada y que las proyecciones de cambio climático indican que la situación empeorará y afectará la sostenibilidad de proyectos que pretenden llevar agua desde las zonas húmedas del sur hasta las zonas áridas del norte (Barría et al., 2021).

Província argentina de Mendoza

Figura 2. En la provincia argentina de Mendoza, el agua y las relaciones de poder sobre ella son los principales modeladores del territorio. Sus habitantes, la mayoría de la etnia huarpe, se dedican a la ganadería de subsistencia. En la imagen, corral tradicional en el noreste de Mendoza. / Cecilia Vega Riveros, 2011

En Argentina, la provincia de Mendoza es un ejemplo similar, donde el agua y las relaciones de poder sobre ella son los principales modeladores del territorio. Desde los inicios del siglo XX, la captación del recurso hídrico para producción vitivinícola ha disminuido los caudales de los ríos Mendoza y San Juan, lo que ha transformado el territorio aguas abajo de un sistema de lagunas y bañados a un desierto (Barzola-Elizagaray y Engelman, 2020), donde sus habitantes, en su mayoría de la etnia huarpe, se dedican a la ganadería de subsistencia (Figura 2), venta de fertilizantes y mano de obra hacia las zonas de regadío. Este ecosistema perdió cerca del 80 % de su área cubierta por agua desde los años ochenta del siglo pasado (Montaña et al., 2005). Actualmente todo el complejo de lagunas está afectado por procesos de degradación y retracción, incluyendo las áreas de influencia de los puestos ganaderos (Goirán et al., 2012). La escasa infraestructura de estas áreas, la degradación del ecosistema y la baja economía local, entre otros factores, alimentan círculos viciosos que mantienen prácticas no sostenibles, todo ello agravado por el cambio climático y las disminuciones críticas de nevadas en la cordillera de los Andes, que también afectan a Chile.

«La industria minera de gran escala es una importante consumidora de los escasos recursos hídricos»

El caso mexicano plantea ejemplos similares a los mencionados en el sur del continente. Con poco más de catorce millones de personas concentrados en cinco estados, el noroeste árido es también hogar de extensos distritos de riego que emplean agua de grandes presas y de acuíferos sobreexplotados, algunos hasta salinizados por encontrarse en la costa del golfo de California. Todo ello para producir artículos alimentarios dirigidos a mercados de exportación donde destacan la carne en canal o bovinos vivos, carne de cerdo, cerveza, frutas y vegetales. Estas exportaciones implican el movimiento de grandes volúmenes de agua virtual que sale de cuencas áridas y semiáridas con ecosistemas y modos de vida ya de por sí vulnerables, y de acuíferos en riesgo (Lutz Ley et al., 2018). En esta región de México, la lucha por el agua entre los diferentes sectores ha desencadenado serios conflictos sociales, como muestra el caso del Acueducto Independencia (Figura 3) que trans­fiere agua del valle del Yaqui (en el sur del estado de Sonora) al municipio de Hermosillo (capital del estado). En este caso, son los indígenas yaquis los que encabezaron la lucha frustrada –ganada en los tribunales, pero perdida en la realidad (Varady et al., 2021)–. La disputa por el agua también se manifiesta en las zonas periurbanas de Hermosillo, las cuales compiten con los ejidos que van perdiendo acceso al recurso ante el crecimiento acelerado de la ciudad, lo que da como resultado una pérdida de producción agrícola de consumo local (Zuniga-Teran et al., 2021). Recientemente el conflicto hídrico en el noroeste de México ha escalado internacionalmente, ya que, por la sequía y una pobre gestión, hasta la segunda mitad del año 2020, México no había sido capaz de entregar el volumen de agua transfronteriza que corresponde a los Estados Unidos de Norteamérica, de acuerdo con sus tratados binacionales de 1944. Esto desencadenó un conflicto con los agricultores usuarios del sistema de presas de donde tentativamente se «pagaría» esta agua, el cual involucró incluso la muerte de una manifestante a manos de la Guardia Nacional de México en el estado norteño de Chihuahua (Kitroeff, 2020).

Minería y desarrollo local

La minería es una de las actividades humanas más antiguas en zonas áridas de Latinoamérica, así como una fuente de empleo común. Actualmente, de las zonas áridas de Chile sale el 37 % del cobre del mundo, que representa el 55 % de las exportaciones del país (Oyarzún y Oyarzún, 2011). Y aunque la agricultura es, en términos generales, el mayor consumidor de agua (Donoso et al., 2016), en las regiones del norte la minería es el principal consumidor de agua subterránea, y el mayor impulsor de desalinización de agua de mar (Aitken et al., 2016). La actividad minera tiene una evidente importancia económica para Chile, pero existen diferentes posturas de aceptación por parte de la población (Moffat et al., 2014). Por un lado, esta actividad se realiza bajo un sistema de gestión del agua que se encuentra actualmente bajo el análisis de un proceso constituyente que está teniendo lugar en Chile para elaborar una nueva Constitución; y por otro lado existe una historia de contaminación, usurpación y de no inclusión plena de la población local en la toma de decisiones (Ocampo-Melgar et al., 2019), lo que ha impactado en la relación entre sociedad y minería. Estas actividades tienen también un impacto en la fauna nativa, como es el caso de atropellamientos a especies de camélidos andinos como la vicuña (Vicugna vicugna), cuyo efecto y medidas de mitigación no están bien documentadas (Mata et al., 2016).

protesta

Figura 3. La lucha por el agua es fuente de conflictos sociales. En la imagen, paro en la carretera internacional en Sonora, México, en protesta contra el Acueducto Independencia. La obra, construida para suministrar agua a la ciudad de Hermosillo, contó con la oposición de los agricultores indígenas yaqui, que consideraban que la infraestructura afectaba a sus derechos sobre el agua, ya que la construcción disminuía el aporte de agua a las presas de La Angostura y del río Yaqui. / Vicente Ivich, 2020

Bolivia es otro país también de antigua historia minera, donde la plata extraída del Cerro Rico de Potosí es parte del imaginario de los Andes. Sin embargo, el acceso local a la toma de decisiones es una de las demandas frente a la inequidad de la distribución de los beneficios y costos en zonas generalmente de mayoría indígena (Bebbington, 2013). Estudios muestran que los mecanismos de participación empresarial y licencias para operar no han generado un espacio real para una visión compartida de desarrollo sostenible (Perrault, 2014). Junto con Chile y Argentina, Bolivia forma parte del llamado triángulo del litio, una zona geográfica estratégica donde los conflictos se han incrementado por la presión internacional por su industrialización. El débil proceso de consentimiento libre, previo e informado es uno de los problemas también vinculados a la minería del litio en la Puna, como lo demuestran los distintos enfrentamientos y conflictos entre la minería industrial y las formas de vida local (Blair, 2021). Debido a estas preocupaciones es que se conformó el Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL), con el objetivo de socializar información entre actores locales, activistas y académicos sobre el impacto en los salares.

En Norteamérica, la industria minera de gran escala también es una importante consumidora de los escasos recursos hídricos frecuentemente en disputa (Figura 4). Esta actividad, que reporta significativas ganancias económicas a México (2,4 % del PIB en 2018; INEGI, 2018), suele ubicarse en la vecindad de comunidades agrarias o periurbanas áridas y semiáridas, donde la competencia por el agua se da asimétricamente entre quienes tienen los recursos tecnológicos, económicos y legales para obtenerla (las minas), y aquellos que no (las comunidades campesinas y rurales). La presencia minera arriesga la seguridad hídrica presente y futura de comunidades y ecosistemas, pues tiene el potencial de afectar tanto a las cantidades como a las calidades del agua disponible para estos usuarios (Lutz Ley, 2020). Se destaca el trágico derrame de lixiviado ácido en el río Sonora en 2014, el cual ha impactado en la salud y economía de la población local (Díaz Caravantes et al., 2016). Al igual que en otros ejemplos de Latinoamérica, la actividad minera de gran escala en México ocurre en el contexto de marcos institucionales liberales, como la Ley Minera y Ley de Aguas Nacionales de 1992, que promueven el uso prioritario y flexible de recursos naturales por parte del sector minero, priorizando los beneficios económicos particulares de corto plazo, por encima de los perjuicios socioambientales colectivos de medio y largo plazo.

Desolación o singular diversidad socioambiental

En las secciones anteriores planteamos los desafíos que enfrentan las comunidades que viven en las zonas áridas de Latinoamérica, donde el uso del recurso hídrico favorece actividades económicas a costa de los más vulnerables, particularmente las comunidades ancestrales que habitan mayormente las áreas rurales. Generalmente esto se justifica porque las zonas áridas rurales de Latinoamérica se conciben como territorios de escasa vegetación y población dedicada a actividades económicas poco rentables.

Sonora

Figura 4. Niño dando de beber a su caballo en una acequia de Cucurpe, Sonora, comunidad anfitriona de una mina subterránea de oro y plata de propiedad canadiense. La presencia minera arriesga la seguridad hídrica presente y futura de comunidades y ecosistemas, pues tiene el potencial de afectar tanto a las cantidades como a las calidades del agua disponible para estos usuarios. / América Lutz, 2015

Sin embargo, la realidad es que estas zonas desoladas proveen servicios ecosistémicos a las comunidades locales y al mundo. Si bien existen registros en la literatura que ayudan a identificar la amplia variedad de especies vegetales presentes en estas zonas, los estudios que conectan formaciones xerofíticas y especies asociadas con servicios ecosistémicos de forma comprensiva son escasos. Estudios preliminares en Chile han permitido esclarecer la conexión entre formaciones xerofíticas y servicios ecosistémicos a las comunidades locales. Por ejemplo, se reconocen los múltiples beneficios de especies nativas en San Pedro de Atacama, en Chile (Figura 5), para la salud, además de beneficios culturales que no tienen actualmente un valor de mercado (Vita et al., 2006); así como el potencial de la especie rica-rica (Acantholippia deserticola), dado su valor patrimonial y sociocultural para las comunidades aledañas y cuyas múltiples propiedades están ligadas al ámbito turístico (Parada et al., 2018). También, se ha identificado el valor económico de especies nativas en áreas protegidas y se ha visualizado la relevancia cultural de la biodiversidad y su vinculación con la economía rural (Cerda et al., 2018).

Avanzar en el entendimiento de los servicios ecosistémicos puede orientar procesos de decisión para poder identificar el amplio rango de valores acoplados a las zonas áridas. Contar con mayor investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria que informe a los tomadores de decisión sobre la conexión entre estos ecosistemas y los beneficios que proveen no solo permitirá el resguardo o conservación de la biodiversidad, sino también reconocer y minimizar la injusticia ambiental que enfrentan estos territorios.

desert d'Atacama

Figura 5. Quebrada en el desierto de Atacama, Antofagasta, Chile, que muestra la diversidad vegetal de este tipo de ambientes. Las zonas áridas rurales de Latinoamérica se conciben como territorios de escasa vegetación y población dedicada a actividades económicas poco rentables. Sin embargo, la realidad es que estas zonas desoladas proveen servicios ecosistémicos a las comunidades locales y al mundo. / Iñigo Bidegain, 2019

Avanzar en el entendimiento de los servicios ecosistémicos puede orientar procesos de decisión para poder identificar el amplio rango de valores acoplados a las zonas áridas. Contar con mayor investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria que informe a los tomadores de decisión sobre la conexión entre estos ecosistemas y los beneficios que proveen no solo permitirá el resguardo o conservación de la biodiversidad, sino también reconocer y minimizar la injusticia ambiental que enfrentan estos territorios.

Conclusiones

En las zonas áridas de Latinoamérica, los usos del agua y las visiones de desarrollo compiten en un escenario climático cada vez más apremiante. En este artículo, hemos examinado las zonas áridas de Latinoamérica, territorios de aparente escasa vegetación y dispersa población que esconden endemismos únicos y culturas ancestrales milenarias. Esta realidad convive con modelos económicos neoliberales que se centran en el desarrollo económico a corto plazo, sin tomar en cuenta las externalidades ambientales y sociales a mediano y largo plazo. Los casos en Argentina, Bolivia, Chile y México ejemplifican modelos políticos y económicos sostenidos gracias a las actividades mineras y agrícolas que se desarrollan en zonas áridas. El acceso no equitativo a los beneficios, así como la no inclusión de las comunidades locales en la toma de decisiones generan conflictos entre actores con diferentes niveles de poder, donde los más vulnerables están en desventaja. Unido a esto, la gobernanza de los recursos hídricos caracterizada por un mercado o legislación que prioriza intereses privados adiciona inequidad y genera una tensa construcción de valores sociales hacia las actividades económicas. Por un lado, las actividades económicas traen empleo y beneficios a corto plazo, pero, por otro, despojan a estos territorios de su singularidad ambiental y sociocultural, que resultan en externalidades a mediano y largo plazo.

Entender las complejas interacciones socioambientales que se dan en el territorio permitirá enfrentar el cambio climático y atender o prevenir la desertificación en zonas áridas de Latinoamérica. Aunque el desafío de subsistencia que enfrentan estas comunidades es enorme, la investigación en servicios ecosistémicos de la mano de los actores locales podría impulsar ejemplos de desarrollo económico a baja escala que favorezcan a las comunidades locales, integren el conocimiento ancestral y apunten hacia el desarrollo sostenible y la reducción de las injusticias ambientales. Anteponer la salud de los ecosistemas sobre las ganancias económicas puede ser la manera en que las zonas áridas de Latinoamérica puedan seguir sosteniendo la vida de millones de personas, como lo han hecho por milenios.

© Mètode 2022 - 112. Zonas áridas - Volumen 1 (2022)

Profesora asistente de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile (Chile). Ingeniera ambiental y doctora en Ciencia de las Tierras Áridas (Universidad de Arizona, EE. UU.). Su investigación explora la capacidad adaptativa y la integración de conocimientos en la gestión del agua y la restauración ecológica. Está interesada en la coproducción de conocimientos para la toma de decisiones ambientales.

Profesora titular del Centro de Estudio del Desarrollo en El Colegio de Sonora (México). Experta en ciencia política y doctora en Ciencias de Recursos de Tierras Áridas (Universidad de Arizona, EE UU). Su investigación se ha centrado en las interacciones sociedad-ambiente con énfasis en el uso sustentable de recursos hídricos; los impactos socioambientales de actividades de gran escala, justicia ambiental y ecología política, y en las dimensiones humanas e institucionales de la adaptación al cambio global.

Profesora asistente de la Escuela de Geografía, Desarrollo y Medio Ambiente y Centro Udall de Estudio en Política Pública de la Universidad de Arizona (EE UU). Arquitecta y doctora en Ciencias de Recursos de Tierras Áridas (Universidad de Arizona, EE UU). Su investigación se centra en el estudio de las interacciones entre la sociedad y el paisaje en el entorno urbano, basándose en teorías relacionadas con la justicia ambiental, la resiliencia urbana, la seguridad hídrica y la salud pública.

Profesora titular de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile (Chile). Ingeniera forestal y doctora en Ciencias Agronómicas (Universidad de Gottingen, Alemania). Sus principales líneas de investigación son la valoración económica y sociocultural de servicios ecosistémicos en diferentes sistemas socioecológicos a lo largo de Chile.

Ayudante de cátedra de la Facultad Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional (Argentina). Ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Biológicas (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina). Su trabajo e investigación se ha centrado en la evaluación y en el manejo sostenible de agroecosistemas de zonas áridas y semiáridas, usando teledetección y análisis biofísico.