El mes de febrero nos ha traído importantes movilizaciones agrarias en toda Europa y en nuestro territorio. Iniciadas en Francia, las manifestaciones se han extendido por los países vecinos hasta España y las tierras valencianas. Motivos no faltan en el sector agrario, el malestar es crónico entre los productores agrarios.
Cuando hablamos de los problemas y las reivindicaciones del sector agrario la lista es muy larga, pero no todo es lo mismo. Encontramos un modelo de agricultura atlántica y otro de agricultura mediterránea, el primero fuertemente subvencionado por la política agraria europea (PAC), el segundo discriminado en ayudas respecto al primero. Y dentro de cada modelo hay grandes y pequeños productores que no viven igual los problemas. Los agricultores valencianos, normalmente explotaciones familiares, que han sido la base social del campo y la riqueza valenciana, ahora están en las peores situaciones posibles.
Las actuales protestas de los agricultores son desconocidas hasta ahora, por la extensión (en todo el territorio estatal) y por la duración (llevamos ya una semana y el calendario aún no ha llegado al ecuador). En los primeros días, las convocatorias han estado de incógnito y, en poco tiempo, se ha visto el intento de la extrema derecha de protagonizarlas. Los pocos mensajes lanzados han sido contradictorios, al menos confusos, y con la intención de favorecer grupos concretos de grandes agricultores y la agroindustria. Los sindicatos agrarios han reaccionado, de alguna manera, con otras convocatorias y reuniéndose con el ministro de Agricultura, a quien le ha venido muy bien este encuentro para tirar balones fuera, dice que todo depende de Europa, cuando no es así.
Entra las consignas compartidas por todos destaca el rechazo a la burocracia de la PAC. Es cierto que el papeleo es enorme, disuasivo para muchos agricultores pequeños. Muchas veces se piden, cada año, los mismos documentos, cuando en la era de la informática esto tiene muy fácil solución. Se critica la excesiva burocracia que reparte las ayudas de la PAC, pero no que estas ayudas se den sin criterios sociales. El 0,5 de las explotaciones más grandes recibe el 16,6% de todos los recursos, y la propuesta de limitar a un máximo de 100.000€ por explotación no ha salido adelante.
Se argumenta que las normativas ambientales nos posicionan mal de cara a la competencia exterior, cuando son la base para recibir las ayudas europeas, y no se critica la desregulación de precios y la supresión de aranceles a los alimentos exteriores, a causa de los tratados de libre comercio que benefician a la industria europea. El neoliberalismo y la globalización castiga a la agricultura, utilizada como moneda de cambio en estos negocios. En este sentido, ha estado muy acertada la actuación de la Unió Llauradora frente al puerto de Castellón, que está subvencionando las tasas portuarias a las naranjas que vienen de fuera.
La agenda 2030
Otra demanda que aparece ligada a la derecha y extrema derecha es ir contra la agenda 2030, porque esta quiere caminar hacia una economía más circular, apostando por la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático y evitando el desperdicio alimentario. Propone, entre otras cosas, un etiquetaje sencillo y transparente para que los consumidores escojan informados, promover canales cortos de comercialización para hacer un comercio más justo, la reducción de pesticidas, fertilizantes y antibióticos, así como el aumento de la superficie de agricultura ecológica hasta el 25% de la superficie agraria. Todo esto para el año 2030.
Ello se oponen, pero muchos otros, agricultores y ciudadanos, lo ven como una oportunidad. Ahora hay que presentar, en los años que quedan hasta 2030, acciones y ayudas para que los agricultores no soporten más esfuerzos que otros sectores económicos.
En concreto, la reducción de pesticidas, para ellos, será la causa de la pérdida de competitividad, cuando quien importa y exporta es la agroindustria y la gran distribución, que compran y venden alimentos que no cumplen los estándares europeos, y de eso obtienen gran beneficio. También son ellos quienes tienen latifundios agrarios en el extranjero y no quieren regulaciones. Si no se reducen los pesticidas, no tendremos más competitividad, sino más residuos en los alimentos y más tóxicos en el ambiente.
La Comisión de la Unión Europea ha propuesto la paralización de la ley que iba a regular la reducción de pesticidas, como gesto frente a las manifestaciones agrarias que no saben cómo gestionar. Esta acción forma parte del Pacto Verde, que nace de una larga discusión en el Parlamento Europeo para establecer las bases de un modelo agrario sostenible. Presentado en 2019, el Pacto Verde se ha encontrado bastante diluido por los lobbies, los grupos de presión de la agroindustria, que ahora han encontrado el momento para rematar la faena.
Dos noticias negativas más se suman a la cuenta desfavorable para la sostenibilidad agraria. Dos goles por la escuadra… hace unos meses se autorizaba continuar utilizando el herbicida glifosato, ampliamente cuestionado, y hace unos días se autorizaban las nuevas técnicas de edición genómica (NTGs), que nos traerán más variedades de cultivos modificados genéticamente y patentadss, aumentando la dependencia de los agricultores y reduciendo la biodiversidad de los cultivos.
El precio de los alimentos
Cortes de carreteras, bloqueos del puerto de Castellón, manifestaciones frente a centros de distribución de alimentos… En el centro de todos los problemas se encuentra la incapacidad de los agricultores de trasladar los incrementos de costes que sufren sus productos, que siempre van a la baja, y así es imposible obtener rendimiento. La solución pasa por la ley de la cadena alimentaria, que impide vender a pérdidas, evitar las subidas de precios no justificadas e imponer sanciones a los infractores. La dificultad es que esto afecta a la agroindustria y a la gran distribución, agentes muy poderosos que están mejor sin controles.
La parte positiva de estos días es la buena percepción de los ciudadanos y consumidores frente a la huelga de los agricultores. Muchas personas entrevistadas soportaban los cortes de carretera con cierta solidaridad, otros aplaudían al paso de los tractores, porque saben que la situación de los productores es difícil y que no son los beneficiados de los precios finales de los alimentos. A ellos, como consumidores, habría que pedirles un esfuerzo más y que apoyen al sector comprando cosechas locales, bien identificadas y, si es posible, de temporada y sostenibles. Unos pocos céntimos más por producto es su contribución a que no desaparezcan los agricultores y conserven los recursos naturales y el medio ambiente en buen estado.
Aún quedan temas básicos para el futuro de la agricultura valenciana. Habrá que hablar de envejecimiento y renovación generacional y, para eso, es necesario dignificar la profesión y que tenga un nivel de vida adecuado. ¿Qué hacemos con los «fondos de inversión»? Están comprando grandes cantidades de tierras y, con su afán de beneficio rápido, en pocos años las dejarán trasquiladas. ¿Cómo estamos dejando que se ocupe el territorio de manera descontrolada con macroplantas fotovoltaicas? ¿Cuándo trataremos el agua de manera sostenible evitando los consumos imposibles?
Cuando acabe la huelga se podrán valorar los resultados. A partir de este momento, tendríamos que seguir hablando de agricultura, alimentación y medio ambiente. Nos jugamos mucho y no queda mucho tiempo para actuar.
