El 14 de diciembre de 2023, Óscar Puente, nuevo ministro de Transportes del gobierno del partido socialista liderado por Pedro Sánchez, anunció la aprobación de la segunda fase de la ampliación norte del puerto de Valencia en el Consejo de Ministros que tendría lugar unos días después. Lo hizo rodeado del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón; la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá; la actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, Mar Chao, y la delegada del gobierno en la capital valenciana, Pilar Bernabé. Los cinco fueron plasmados en una foto en que brindaban con cava por la decisión, que causó un profundo malestar en la ciudadanía contraria a la ampliación del puerto.
Aproximadamente un mes después, la Universitat de València difundía los resultados de un estudio elaborador por el Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología evolutiva sobre los efectos de la ampliación del puerto en tres playas al sur de la infraestructura: las de Pinedo, el Saler y la Garrofera habían pasado 170 hectáreas de arena en los años noventa a tan solo 43 en 2022. El estudio señala que la principal reducción se produjo después de la primera fase de ampliación, culminada en 2012, y muestra cómo las tareas de restauración realizadas en 2023 han sido insuficientes para recuperar la superficie original.
Ambos hechos resumen las casi dos décadas de conflicto en torno a la ampliación norte del puerto de Valencia: unos poderes políticos y económicos empeñados en llevar adelante una obra faraónica que, con el tiempo, no ha hecho más que perder sentido y ganar detractores, mientras que se acumulan los perjuicios sociales y ambientales por la primera fase del proyecto ya ejecutada. En la obra Vida o port: Una crítica a l’ampliació nord del Port de València, la periodista Raquel Andrés Durà lleva a cabo una impresionante tarea de contextualización y análisis de la cuestión, asentada en la cobertura que hizo de la cuestión como corresponsal de La Vanguardia y colaboradora en otros medios. Así, nos ofrece un reportaje a fondo sobre uno de los peores desaguisados orquestados en territorio valenciano (que ha sufrido no pocos atentados ecológicos).
En la ampliación norte del puerto de Valencia se han hecho muchas cosas mal y, además, es un proyecto todavía a medias. Su segunda fase, pensada para ejecutarse entre 2015 y 2018, quedó paralizada a raíz de la crisis financiera que sacudió los mercados mundiales a finales de la primera década del siglo XXI. Sí que se hicieron parte de las obras contempladas en la primera fase: se apela a menudo al famoso dique de abrigo, construido entre 2008 y 2012, para argumentar que «el mal ya está hecho». El dique norte interrumpe la circulación de sedimentos de norte a sur de la costa valenciana y es uno de los principales responsables de la afectación de las playas del sur, descrita en estudios como el del Cavanilles. Pero ni siquiera este dique está terminado: todavía faltaría el relleno (con materiales que es necesario extraer de algún sitio, actividad con su impacto consiguiente) para que pueda establecerse allí una terminal de contenedores.
Además, para resucitar la segunda fase de la ampliación, la Autoridad Portuaria de Valencia presentó un nuevo proyecto (finalmente aprobado en 2022) que incluye actuaciones no contempladas en la declaración de impacto ambiental (DIA) hecha en 2007, como la demolición del muelle de cruceros actual y la ampliación de la superficie a dragar para albergar buques de nueva generación. Esta DIA, favorable al proyecto inicial, es otro de los elementos protagonistas de esta historia: ¿continúa siendo válida? ¿Ampara el nuevo plan? Como una pelota extraviada, bota de un techo a otro sin que ningún partido o institución se atreva a ni a pincharla ni a reclamarla. Con una recopilación documental exhaustiva de todos los informes que se han pronunciado al respecto, junto con numerosas voces tanto del mundo científico como de la administración, Raquel Andrés Durà nos muestra la indudable caducidad de la DIA de 2007, tanto por el hecho de que no se hizo de acuerdo con el proyecto actualmente aprobado, como por la verdad que el paso del tiempo ha visibilizado como irremediable: en un contexto de cambio climático, y con la polución del aire causando miles de muertos en Europa cada año, no parece buena idea invertir millonadas de dinero público en reforzar un modelo de negocio muy contaminante. Y menos si los beneficios repercutirán casi exclusivamente en grandes multinacionales, con impacto mínimo o nulo en la economía local.
Toda esa inversión de las arcas públicas conlleva, además, una deuda que deberán abonar el territorio y quienes lo habitan, sin su consentimiento y sin beneficio tangible a cambio. Por el contrario, la autora cita, con el apoyo de la evidencia científica, los impactos negativos que ya provoca el puerto y que se verían empeorados con la ampliación: vertidos al mar y a las aguas públicas, contaminación atmosférica, contaminación acústica, amenazadas a la biodiversidad de los espacios naturales cercanos…
De manera crucial, la obra de Raquel Andrés Durà nos ofrece una radiografía de todos los sectores implicados en el conflicto, desde la Autoridad Portuaria de Valencia –organismo de gestión público-privada con notables carencias de transparencia–, pasando por unos partidos políticos de posiciones ondulantes según sopla el viento, hasta las luchas populares que han liderado la resistencia al macroproyecto. Desde las vecinas de la Punta –a quienes les arrancaron de las manos unas tierras y una forma de vivir para construir lo que actualmente es un polígono fantasma sin actividad– hasta la Comisión Ciutat-Port, entidad aglutinadora de distintas asociaciones contrarias a la ampliación.
Vida o port es una enmienda a la totalidad de un proyecto obsoleto, que se empeña en hipotecar el futuro a pesar de las advertencias del presente. Mientras tanto, el mar se traga la arena con intereses.
