Protecting the coast in the Balearic Islands. The excessive urbanisation of the Balearic Islands, which began in the 70s, awoke a feeling of public rejection never seen before. Public opposition has managed to change the fate of the Balearic Coasts, whose protected natural spaces were created to curb already-started urban projects.
Hablar del litoral en las islas Baleares, es hablar de un litoral con graves problemas, de un litoral que ha dado nombre al proceso de alteración y destrucción de la costa, y que fue el origen de una palabra que se explica en muchas facultades de urbanismo de todo el mundo como ejemplo de destrucción y mala planificación urbanística. La palabra balearización es en toda Europa sinónimo de urbanización salvaje, desarrollada sobre la misma orilla del mar. Esta palabra tiene su origen en Mallorca a finales de los años 60 y principios de los 70, y su localización en la bahía de Palma, especialmente en la playa de Palma y en Palmanova-Magaluf, donde se urbanizó sobre la línea de costa, a veces casi dentro del mar.
Los ritmos de crecimiento y las formas de este proceso urbanístico han ido cambiando a lo largo de los años. Aparentemente, se ha suavizado el aspecto de los impactos (los grandes hoteles sobre la playa han dejado paso a apartamentos más alejados de la costa rodeados de zonas verdes), pero eso es solamente una apariencia, ya que el impacto sobre el medio natural, lejos de disminuir no ha dejado de aumentar año tras año, y ha llegado a un punto en el que la presión, sobre todo en Mallorca, es tan fuerte que parece haber llegado al límite. Esta sensación es la que ha hecho que gran parte de la población haya tomado conciencia de que no se puede continuar así y se tiene que empezar a parar.
Tal vez esta es la gran novedad de la sociedad balear en relación con otras áreas del estado: en las islas, especialmente en Mallorca y Menorca, sectores mayoritarios de la sociedad (no solo grupos ecologistas) son conscientes de este problema y apuestan claramente por parar el crecimiento, lo que ha obligado a los partidos políticos a recoger esta demanda social e incluirla en sus programas (unos, más convencidos que otros y algunos prometiendo todo lo contrario de lo que hacen, pero todos subiendo al carro de la protección y la sostenibilidad).
«La palabra “balearización” es en toda Europa sinónimo de urbanización salvaje, desarrollada sobre la propia orilla del mar»
Seguramente, lo que se ha avanzado en temas de protección del litoral en Mallorca en los últimos años y lo que ha conducido a la «protección» legal de una franja de 500 metros en toda la línea de costa, es que no sólo los grupos ecologistas han mostrado su voluntad de parar la destrucción de la costa, sino que amplios sectores de la población, especialmente los vecinos de las zonas costeras, también rechazan nuevas urbanizaciones o grandes ampliaciones de las zonas urbanas o de los puertos deportivos que ya existen.
Cada puerto deportivo que se ha intentado ampliar ha recibido una fuerte oposición no solo de los usuarios actuales, sino también de la mayoría de vecinos de la zona, que no dudan en sumarse a cualquier tipo de acción para paralizarlo. Esto ha permitido que en los últimos años tan sólo se haya podido iniciar la ampliación de un puerto deportivo, que se encuentra actualmente paralizada por una sentencia judicial dictada a causa de una demanda interpuesta por el GOB (Grup d’Ornitologia Balear). Desgraciadamente, la complicidad de la administración permitió que las obras continuasen y hoy estén prácticamente acabadas, a pesar de la sentencia que las declara ilegales.
En las Islas Baleares, como en cualquier otro litoral mediterráneo más o menos turístico, los problemas pueden agruparse en dos tipos. En primer lugar la propia urbanización del litoral. Esto en la práctica significa su destrucción definitiva y en consecuencia su desaparición como ecosistema natural, transformado en la fachada marítima de una zona urbana. En segundo lugar, los problemas derivados de la saturación o sobreocupación; esta se produce desde tierra especialmente en las zonas de playa y dunas y desde el mar en cualquier punto, incluso en los más delicados ambientalmente hablando. En las Baleares se dan los dos casos, pero por su misma incidencia y gravedad, a lo largo de estas cuatro décadas, el principal problema ha sido el primero, es decir, la destrucción continua de franjas cada vez más amplias de la costa para transformarlas en zonas turísticas o residenciales. Esta transformación ha generado inmensas plusvalías y beneficios, que han enriquecido a muy pocos a costa de la pérdida de calidad ambiental de la mayoría.
Este proceso de urbanización ha seguido unos ritmos y unas pautas diferentes, según lo que en cada momento el mercado, especialmente el centroeuropeo, y en los últimos años el alemán, requerían. El modelo más peligroso, sin duda, fue el que se produjo durante el llamado segundo boom turístico, cuando se comenzaron a proyectar grandes urbanizaciones que ocupaban y destruían los mejores espacios naturales costeros. Un hito importante fue el intento de urbanizar la pequeña isla de Sa Dragonera; para pararlo en el año 1977 se produjo un hecho sin el que sería difícil entender la fuerza actual del movimiento ecologista en las Baleares: ante el proyecto de una urbanización de superlujo en la isla de Sa Dragonera grupos libertarios y ecologistas la invadieron. La acción tuvo tanta resonancia que la urbanización se paró y ahora la isla es Parque Natural. Posteriormente nuevas y fuertes campañas se produjeron para salvar espacios tan emblemáticos como el actual Parque Nacional de Cabrera o el Parque Natural de S’Albufera.
En la década de los 80 se produjo una nueva explosión de proyectos para urbanizar zonas del litoral. En la forma eran urbanizaciones menos salvajes que las de los años 60 y 70, pero en el fondo eran tan impactantes o más. Es la época de las grandes urbanizaciones, proyectos faraónicos que habrían destruido todo lo que quedaba, si no hubiese sido por la fuerte oposición de gran parte de la sociedad balear encabezada por el GOB.
En estos años se produce otro éxito tan emblemático como el de Sa Dragonera; se trata de la protección de la playa Des Trenc, el arenal virgen más importante de Mallorca y la segunda zona en importancia ecológica de las Baleares después de S’Albufera. Sobre esta área se había proyectado una urbanización para miles de personas que se consiguió parar justo en el último momento antes de comenzar las obras. Fue la segunda gran victoria del movimiento ecologista en Baleares y dio ánimos a todos, ya que se demostraba que cualquier proyecto se podía parar sin importar que el proceso urbanizador estuviese muy avanzado.
Después Des Trenc vienen toda una serie de nuevas urbanizaciones que son rechazadas una tras otra por la sociedad balear, hasta 12 grandes proyectos que obligaron a la administración a hacer leyes ad hoc para proteger cada una de las zonas siempre en el último momento, alguna incluso cuando ya se habían abierto las calles. Son las conocidas popularmente como “leyes apagafuegos” porque, como los bomberos, iban a apagar los sucesivos incendios que los proyectos urbanizadores van encendiendo por toda la costa balear. Evidentemente, y según el grado de ejecución de cada proyecto de urbanización, los promotores iniciaron pleitos para pedir indemnizaciones y daños y perjuicios multimillonarios. Años después, estos pleitos han llegado al Tribunal Supremo uno tras otro y el máximo tribunal siempre ha dado la razón a las tesis proteccionistas: si la sociedad es la que les dio la posibilidad de poder ganar miles de millones con una simple reclasificación del terreno, es la misma sociedad la que puede retirar esta posibilidad sin tener que pagar por eso.
La última sentencia del Tribunal Supremo es de hace 6 meses y una vez más falla en contra de los promotores-urbanizadores de Capocorb, una urbanización gigante situada en una costa virgen que fue desclasificada y protegida por una de las doce leyes citadas anteriormente. En su momento el Partido Popular (entonces en el gobierno autonómico) advirtió que aquellas decisiones del Parlamento Balear costarían miles de millones de las arcas públicas y hace sólo unos meses se ha confirmado de forma definitiva (la urbanización de Capocorb fue la que se paró en un proceso más avanzado, ya que incluso se habían abierto las calles) que aquellas protecciones costarán sólo los gastos de los permisos y los diferentes trabajos, proyectos y planos que los promotores hubiesen hecho hasta el momento de la desclasificación, pero nada de enormes cantidades económicas para compensarlos por dinero que dejaban de ganar.
«El modelo más peligroso fue el que se produjo durante el llamado segundo boom turístico, cuando se comenzaron a proyectar grandes urbanizaciones que destruían los mejores espacios naturales costeros»
Sentencias como estas se han repetido una tras otra en las Baleares después de largos procesos iniciados en los años 80 por los promotores, y tendrían que servir de ejemplo a otras comunidades del camino a seguir si pretenden parar la destrucción de sus espacios naturales. Si en las Baleares fuimos pioneros en la destrucción de los recursos, esta misma balearización ha servido para que la sociedad de las islas llegara antes a la conclusión de que era necesario parar la destrucción de los espacios naturales que quedaban. Todas las sentencias obtenidas hasta ahora han ido creando jurisprudencia y han acabado con el viejo aforismo que dice que «proteger es muy caro» porque se tiene que recompensar el «lucro cesante» de los promotores lesionados en sus derechos. Proteger, si la administración quiere hacerlo, no cuesta casi nada más que el propio desgaste de hacerlo.
