La investigación es un trabajo
El Parc Científic de la Universitat de València acogió las Jornadas de Cultura Laboral en Investigación organizadas por Marea Roja
Mientras una gran parte de los colectivos de trabajadores luchan por la subida del salario mínimo, la reducción de la jornada o el aumento de la conciliación, hay otros que ni siquiera disfrutan de las condiciones laborales más básicas. Pese a su importancia vital en nuestra sociedad, el personal investigador en ciencia y tecnología se encuentra hoy en día en una situación de precariedad que no solo dificulta la entrada de los jóvenes en el mundo de la investigación, sino que además convierten la carrera científica en una competición constante por conseguir el éxito o caer en el fracaso.
Con el lema «Conciencia, alianza e imaginación», el Parc Científic de la Universitat de València acogió el día 21 de noviembre las Jornadas de Cultura Laboral en Investigación, organizadas por el colectivo Marea Roja. Con la colaboración de asociaciones como FPU Investiga, FPI en Lucha, PDI Precariado o la Federación de Jóvenes Investigadores, tuvieron lugar diversas charlas y mesas de trabajo para reivindicar los retos principales a los cuales se enfrentan los trabajadores de la ciencia.
Según Guillermo Muñoz, investigador en la Universidad de Valencia y miembro de la Coordinadora Valenciana de Trabajadoras de la Ciencia (CVTC), las jornadas, de las cuales este año se ha celebrado la segunda edición, nacen como una propuesta de los colectivos de representación de todo el personal investigador para «apuntalar derechos, hablar de problemáticas e incluir una conciencia crítica en la investigación en ciencia y tecnología». En definitiva, «se trata de una iniciativa con la idea básica de entender que la investigación es un trabajo», explica el investigador.
La precariedad laboral del personal investigador
Aunque la precariedad es una cuestión generalizada en prácticamente todos los sectores laborales, la ciencia y la investigación presentan una serie de características estructurales que pronuncian el malestar de los trabajadores y trabajadoras. Teresa Samper, también investigadora en la Universidad de Valencia, nos cuenta que, para empezar, las condiciones del personal investigador están reguladas por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), y no por las leyes laborales. Samper afirma que eso ya es una gran diferencia, pero «además las dinámicas propias de las diferentes universidades españolas hacen que estas leyes, moduladas por los rectorados y sus gerencias, generen una aplicación diferenciada».
Uno de los puntos más importantes que se trataron en las jornadas es la temporalidad de los contratos. Si bien la última modificación de la LOSU incluyó en su articulado la implementación de los contratos indefinidos, Guillermo Muñoz asegura que, en la práctica, el día a día continúa siendo temporal. A pesar de que «en el ámbito legal, a una persona le favorece un contrato indefinido para acceder al mercado de la vivienda, a un alquiler o a una hipoteca», la realidad es que estos contratos se traducen en temporales. El motivo principal es que están asociados a los fondos destinados a proyectos, y «no existen controles específicos para justificar si han sido cubiertos o no». Eso quiere decir que «hay dos luchas: una por el texto legal, y otra por incluir este texto en las prácticas de cada institución».
Según Muñoz, es perfectamente posible conciliar la temporalidad asociada a los proyectos de investigación con la estabilidad de los contratos indefinidos, como es el caso del personal titular de las universidades o del funcionariado del CSIC. No obstante, el problema está en que, para llegar a estos perfiles totalmente estables, es necesario atravesar veinte años de temporalidad inasumibles para la mayoría de los científicos. «Es, básicamente, otro problema de no entender la investigación como un trabajo», reivindica.
Por otra parte, tanto Guillermo Muñoz como Teresa Samper coinciden en que uno de los principales problemas a los que se enfrenta el trabajo investigador es la competitividad y la «cultura del éxito». En lugar de concebir la ciencia como una disciplina colaborativa, el personal investigador se ve obligado a competir entre sí para ser seleccionado en las convocatorias públicas y tener la posibilidad de acceder a contratos más interesantes.
«Creo que sufrimos mucho la competitividad y la individualidad», declara Muñoz. «Incluso lo sentimos de manera muy emocional, cuando está claro que se trata de una cuestión estructural relacionada con los recursos disponibles». Como ha venido reclamando la comunidad científica durante décadas, Muñoz afirma que la dotación presupuestaria para leyes como la LOSU y el porcentaje del PIB destinado a I+D+I son insuficientes, pese a la eterna promesa por parte de los sucesivos gobiernos de aumentar la inversión en ciencia y tecnología.
De esta manera, es usual que una persona joven recién salida de la carrera tenga únicamente dos opciones para desarrollar su actividad investigadora: encadenar contratos y soportar la incertidumbre laboral hasta los 45 años, edad a la que finalmente se consigue la estabilidad; o buscar oportunidades posdoctorales en el extranjero tras verse expulsada por el sistema. Así, el Estado español gasta miles de millones de euros en formar un talento investigador que acaba emigrando y trabajando en otros países de Europa por la falta de oportunidades.
La relación entre la precariedad y el género
Como afirma Teresa Samper, «a la precariedad propia del mundo de la investigación hay que añadir los perjuicios que sufren las mujeres». Desde el nacimiento de la modernidad y de la filosofía de la ilustración, «lo que es femenino se ha entendido siempre como contrario a la razón y, por lo tanto, a la ciencia». Entre otros factores, «esta idea todavía se sostiene para explicar por qué hay tan pocas mujeres en ciencias técnicas e ingenierías».
Teresa Samper asegura que existen dos estrategias fundamentales para expulsar a las mujeres de los espacios académicos y empujarlas a abandonar. El primero es «el acoso sexual, que es, en definitiva, un acoso laboral y profesional». El segundo es la definición de un modelo científico que niega las acreditaciones para continuar con la carrera investigadora «cuando te quedas parada, por ejemplo, en el caso de la maternidad». Esta situación es sintetizada por imágenes como el gráfico de la tijera, que muestra un número mayor de mujeres que de hombres en las posiciones iniciales de las carreras investigadoras (predoctorales), y tan solo un 25% de ellas en las posiciones finales, como personal titular o catedrático.
De hecho, la etapa clave que define en mayor medida la continuidad o la expulsión de las mujeres del sistema científico es entre los 30 y los 45 años, cuando «das el máximo de tu persona a cambio de inestabilidad, de salarios bajos y de promesas», como reivindica Samper. «Eso implica a todas las personas, pero se ve claramente con las mujeres porque compromete los proyectos de maternidad que se hacen en estas edades».
Durante los últimos años, se han introducido una serie de mecanismos para tratar de corregir las cuestiones relacionadas con el género en el ámbito académico, como la consideración de los años dedicados a la crianza en las acreditaciones de la ANECA o la legislación enfocada a conciliar la vida universitaria con la personal. No obstante, como reivindica Samper, «la complejidad del problema hace que no parezcan suficientes estos esfuerzos normativos» y que sea necesario un compromiso mayor para estudiar posibles soluciones de manera más profunda.
El entusiasmo: otra vía para la precariedad
Además de las discusiones estrictamente legales, las jornadas también supusieron un espacio donde reflexionar sobre aspectos más amplios que envuelven al mundo de la ciencia y la investigación, y que son utilizados como vías alternativas para permitir la precariedad en este tipo de trabajos. Teresa Samper nos habla de la importancia que juega «el entusiasmo que acompaña tanto a las carreras investigadoras como artísticas», un tema central que ha sido tratado en ediciones anteriores con la colaboración de pensadoras como Remedios Zafra.
A partir de esta idea de «entusiasmo», tanto la sociedad como, a veces, los mismos científicos, justifican involuntariamente la idea de que «la gente que hace ciencia hace lo que le gusta, y por eso no puede escatimar ni tiempo ni dedicación». En otras palabras, resulta normal para aquellas personas que han elegido la carrera investigadora sacrificar su vida personal y familiar, o aceptar condiciones indignas que nunca se aceptarían en otras circunstancias. Por ejemplo, «jornadas de setenta y ochenta horas a la semana o la renuncia a cuestiones que van ligadas a tu propia vida, como la maternidad o el cuidado de las personas queridas», afirma Samper.
Guillermo Muñoz remarca también la similitud entre los trabajos científicos y artísticos: «Todo se asocia a la voluntad, a las ganas y a hacer las cosas porque es un trabajo que te llena». A través de supuestos valores y objetivos vitales como la autorrealización, «se ocultan todas las redes de interés y de trabajos colectivos, porque como parece que estás trabajando para ti mismo, el resultado es quedarte satisfecho y no tener un sueldo».
La combinación del entusiasmo con la concepción individualista y competitiva de las carreras científicas nos lleva, una vez más, a una situación donde las condiciones materiales de las personas trabajadoras no quedan satisfechas. Por tanto, hoy en día la ciencia se encuentra en un paradigma donde sus mayores problemáticas trascienden el plano legal. Su origen, por el contrario, reside en las ideas de una cultura superproductiva que tan solo contempla la posibilidad de desarrollar mecanismos de colaboración en caso de que reporten cualquier tipo de beneficio económico inmediato. Mientras tanto, el resultado es el mismo: inestabilidad, falta de oportunidades y unas condiciones inaceptables que expulsan del sistema al personal científico, abocándolo a una especie de exilio laboral como única alternativa para continuar llevando a cabo su actividad investigadora.
Cómo hacer frente a los retos laborales de la ciencia
El pasado junio, el colectivo Marea Roja propuso un pacto de Estado por la ciencia al que se adhirieron decenas de asociaciones, y que finalmente fue firmado o secundado por todos los grandes partidos políticos del ámbito estatal (excepto Vox) el día 29 del mismo mes. Con la certeza de que «una reforma parcial y una inyección temporal de fondos no pueden hacer frente a las necesarias transformaciones pendientes en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI)», el pacto defiende cuatro pilares fundamentales que han de ser puestos en práctica durante la siguiente legislatura.
El primero es la creación de un Estatuto del Personal Investigador que proteja las «condiciones laborales y los derechos» de todo el personal científico, técnico y de investigación. El Estatuto debe asegurar unos derechos mínimos de retribución, progresión de la carrera científica y estabilización para dar lugar a un modelo de ciencia que comience por el bienestar de su base humana.
El segundo es una simplificación de la burocracia y el credencialismo en el sector de la ciencia. Medidas como la descongestión y la desaceleración de los trámites administrativos pretenden evitar pérdidas de tiempo innecesarias, y también preservar la salud mental del personal investigador. Según el pacto, «el exceso de burocracia va en detrimento de la productividad» y resulta en «un mal uso de los recursos públicos» que se puede simplificar sin mayores costes económicos.
El tercero se trata de un aumento de la integridad y la diversidad en el mundo científico para poner fin a los abusos de poder, que van «desde la prevaricación en concursos públicos hasta el acoso sexual, pasando por el fraude científico». Así, se apuesta por «transformar un sistema basado en la competitividad, la excelencia y la singularidad meritocrática, hacia un sistema basal construido por la habilidad, la cooperación, la colaboración y la promoción de todas las manifestaciones de diversidad e inclusividad».
Para terminar, el cuarto reclama una inversión del 3% del PIB en I+D+I para poner a España al nivel de los territorios de la Unión Europea, de los Estados Unidos, de Japón o de Corea del Sur. Con el objetivo de evitar las promesas sin compromiso de los partidos políticos, el pacto exige una «memoria económica vinculante» que asegure su cumplimiento y transicione hacia un modelo de financiación más transparente.
Los partidos políticos se han pronunciado en numerosas ocasiones a favor del pacto y han declarado públicamente su compromiso de hacerlo efectivo durante la próxima legislatura. Esta, finalmente, puede ser la oportunidad del personal científico para conseguir unas condiciones dignas y unos recursos que les permitan desarrollar su actividad investigadora sin la necesidad de abandonar su tierra natal. Es cuestión de tiempo comprobar si todas las promesas acaban materializándose o si vuelven, una vez más, a perderse en un océano mediático que no tarda en borrar convenientemente la memoria de las personas responsables.
