Durante las últimas décadas del siglo XX, los agricultores del Magreb abrieron una miríada de pozos para poder regar sus tierras, en un proceso sin control que conllevó, en muchos casos, graves problemas de sobreexplotación. En la llanura de Bsissi (Túnez), en el golfo de Gabes, este proceso se puso en marcha en los años setenta, cuando los agricultores empezaron a perforar intensamente el acuífero confinado de Djeffara. Enseguida surgieron problemas. La administración advirtió sobre el riesgo de intrusión marina y estableció una zona de prohibición, pero algunos agricultores continuaron abriendo pozos ilegalmente. Esto dio lugar a la confiscación de equipos de perforación, a procedimientos judiciales y a tensiones entre los agricultores y la administración.
En 1998, la Dirección Regional de Recursos Hídricos organizó reuniones con los agricultores para concienciarlos del problema y encontrar una solución. Paralelamente, la administración realizó un inventario de los pozos de la región. Para cada explotación, la Dirección examinó la adecuación entre la superficie regada y el número de sondeos: si un agricultor tenía más pozos de los necesarios, se procedía a su cierre.
Finalmente, la Dirección y los agricultores acordaron organizar un grupo de desarrollo agrícola centrado en el uso de las aguas subterráneas. Se redactaron unos estatutos específicos y en 2001 se creó oficialmente la Asociación de Agricultores de Bsissi. Los agricultores se comprometieron a no aumentar el número de pozos y recibieron una asignación de 200 l/s de caudal continuo, que equivalen a 50.000 m³ por agricultor y año. En la práctica, la Asociación controla el número de pozos en su zona de acción. Si un agricultor quiere perforar uno nuevo, la Asociación formulará un dictamen (por ejemplo, se emite un dictamen positivo si el agricultor quiere reemplazar un pozo que se ha secado). La Dirección Regional de Recursos Hídricos acata la opinión de la Asociación para decidir si otorga o no una autorización de perforación. Tras la creación de la Asociación, los agricultores obtuvieron subvenciones para el riego por goteo y para plantar olivos, así como para la creación de nuevas carreteras. Los miembros de la Asociación tienen que pagar una cuota de 50 dinares tunecinos (unos 13 €) por pozo cada año, pero en la práctica solo pagan aquellos que desean recibir subvenciones públicas, como las destinadas a cubrir los costes del gasóleo.
Actualmente, la Asociación ha adquirido un papel central en la gestión de las aguas subterráneas de la zona. Sin embargo, su posición es todavía frágil, puesto que su funcionamiento depende mucho de la buena disposición y la legitimidad del presidente, que trabaja de manera voluntaria.
Bsissi es un caso único de control del uso de las aguas subterráneas por parte de los agricultores en el norte de África. El éxito se debe a la concurrencia de varios factores clave, algunos de los cuales forman parte de la teoría clásica de los comunes, como la existencia de unos límites claros del recurso y del grupo social. Otros coinciden con lo resaltado por estudios más recientes, que apuntan a una equilibrada proporción de coacción estatal, con amenazas creíbles y sanciones, por un lado, y con estímulos como las subvenciones públicas, por otro. Además, el caso de Bsissi muestra el papel fundamental que ejercen las habilidades y la legitimidad de determinados liderazgos locales en estos procesos de construcción de la gestión colectiva de los recursos hídricos.
