El cambio climático no es igual para todos

Los impactos del cambio climático no son homogéneos para todas las personas; no todos los grupos sociales se ven afectados de la misma forma. Esto se debe a la existencia de una vulnerabilidad diferencial y contextual que con mucha frecuencia está relacionada con la desigualdad. En este sentido, el género es un eje clave de desigualdad relacionado con otros sistemas de poder y marginación,  que provoca diversos grados de vulnerabilidad y capacidad de adaptación al cambio climático. Por tanto, integrar una perspectiva de género en la investigación sobre el cambio climático puede ayudarnos a examinar las estructuras y relaciones de poder. En este artículo se aportan varios ejemplos de impactos diferenciales del cambio climático y cómo los estudios feministas visibilizan las causas subyacentes de la vulnerabilidad, así como la capacidad de agencia de los grupos marginalizados en la propuesta de alternativas.

Palabras clave: adaptación al cambio climático, maladaptación, investigación feminista, interseccionalidad, vulnerabilidad contextual.

El cambio climático es un fenómeno antropogénico cuyas consecuencias sufrimos tanto las personas como los ecosistemas. A modo de ejemplo, el 80 % de los procesos ecológicos que sostienen el funcionamiento de los ecosistemas y los servicios asociados a ellos ya están siendo afectados por el cambio climático. Existen cerca de un millón de especies en peligro de extinción, y el cambio climático se suma a otros cambios antropogénicos (como el cambio de usos del suelo y los cambios demográficos o socioeconómicos) para amenazar a nuestra capacidad de vivir en la Tierra.

Diferencias sociales y cambio climático

Los impactos del cambio climático son variados y nada homogéneos. Algunos afectan más a unos grupos sociales que a otros. Por ejemplo, las olas de calor golpean con más fuerza a las personas mayores (Carter et al., 2014), mientras que las personas con menores ingresos y más vulnerables sufren más tanto el cambio climático en general como los fenómenos metereológicos extremos. Pensemos, por ejemplo, en que la pobreza, la pertenencia a una minoría étnica, la edad, la discapacidad o el género fueron determinantes en el impacto del huracán Katrina sobre los diferentes grupos sociales en 2005 (Laska y Morrow, 2006). Este impacto diferencial se debe a condiciones estructurales existentes en nuestras sociedades y requiere de un análisis específico de las condiciones de fondo que hacen que unos grupos sean más vulnerables que otros al mismo peligro. En la literatura sobre vulnerabilidad, esto se conoce como vulnerabilidad contextual. Esta analiza cómo afecta el cambio y la variabilidad climática a diferentes estructuras políticas, institucionales, económicas y sociales que interactúan de manera dinámica con las condiciones contextuales. Eriksen et al. (2015) defienden que es necesario comprender las dinámicas sociales de la vulnerabilidad para poder abordar la naturaleza política del cambio climático. En la mayoría de los casos, las diferencias en vulnerabilidad al cambio climático están relacionadas con la desigualdad. Y es aquí donde los estudios de género y los estudios feministas resultan de extrema relevancia. Por ejemplo, la ecología política feminista estudia las causas subyacentes de la desigualdad derivadas de contextos históricos, políticos, económicos, demográficos y medioambientales y el papel de las prácticas espaciales y expresivas para construir una subjetividad de género (Nightingale, 2011). En este sentido, el género es un eje esencial de la desigualdad social que interactúa con otros sistemas de poder y marginación –incluyendo el grupo étnico, la cultura, la clase socioeconómica, la localización, la discapacidad, la sexualidad o la edad– y provoca diversos grados de vulnerabilidad al cambio climático y la capacidad adaptativa. En resumen, a través del análisis de género, examinamos las estructuras y relaciones de poder; en el marco de la interseccionalidad, integramos el género en la investigación sobre el cambio climático para reconocer sistemas de poder superpuestos e interconectados (Djoudi et al., 2016) que, en última instancia, crean experiencias desiguales de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático.

«Los impactos del cambio climático son variados y nada homogéneos. Algunos afectan más a unos grupos sociales que a otros»

La vulnerabilidad se compone de tres variables principales: exposición a un peligro, en este caso el cambio climático; sensibilidad, es decir, el alcance de los impactos, y adaptación, referida a las respuestas para hacer frente y adaptarse al peligro y a sus impactos. Las diferencias de género construidas socialmente, especialmente la división sexual del trabajo y las tareas de cuidados asignadas a las mujeres, afectan a las tres variables. La exposición a fenómenos metereológicos extremos difiere entre hombres y mujeres en diferentes territorios, lo que conlleva distintos patrones de mortalidad. En aquellos lugares en los que se espera que los hombres sean valientes y salven vidas, esto puede aumentar sus tasas de mortalidad, como se ha descrito en relación con las inundaciones en Vietnam (United Nations Viet Nam y Oxfam Viet Nam, 2009). Las normas sociales también pueden excluir a las mujeres de actividades como la natación, como ocurre en Bangladés (Röhr, 2006). En otros lugares se espera que ellas permanezcan en casa durante las inundaciones, como se vio en Nicaragua (Bradshaw y Linneker, 2009). En estos contextos, las mujeres son más vulnerables a las inundaciones. La desigualdad de género también se manifiesta en la separación de empleos por género y la feminización de las responsabilidades. Por ejemplo, mientras que las tareas productivas tanto de los hombres como de las mujeres han aumentado debido al cambio climático, los informes muestran que, habitualmente, las mujeres son las únicas que también han aumentado sus tareas reproductivas (Vincent et al., 2014). Las mayores cargas de este tipo provienen de las tareas de cuidados y las actividades domésticas que les son «asignadas». La capacidad adaptativa también difiere, sobre todo debido al acceso a los recursos sociales y medioambientales necesarios para adaptarse; en otras palabras, debido a la desigualdad en el acceso a recursos de derecho, establecidos por instituciones formales e informales. En muchos contextos, se ha comprobado que las mujeres tienen peor acceso que los hombres a recursos financieros, tierra, educación, salud y otros derechos básicos. Otros impulsores de la desigualdad de género son el resultado de la exclusión social de los procesos de toma de decisiones y los mercados laborales, que impide que las mujeres estén mejor capacitadas para hacer frente y adaptarse a los impactos del cambio climático.

Es imperativo que las políticas y las acciones de adaptación contemplen la perspectiva de género y se configuren como acciones transformadoras, que no agraven las cargas de trabajo de las mujeres, ni refuercen los estereotipos. En la imagen, participantes de Liberia y Malawi en un curso de seis meses de ingeniería solar./ Foto: UN Women/Gaganjit Singh

El enfoque de género se ha comenzado a introducir en la investigación sobre el cambio climático muy recientemente. El cuarto informe de evaluación del IPCC (AR4), publicado en 2007, apenas lo mencionaba, y hasta el quinto informe (AR5) no se realizó un análisis de la vulnerabilidad contextual más profundo con perspectiva de género (Vincent et al., 2014). El enfoque se centró principalmente en las mujeres como víctimas del cambio climático, especialmente las mujeres del sur global, un enfoque habitual en la literatura del momento (Arora-Jonsson, 2011). En el ciclo actual, para el sexto informe (AR6), el análisis de género se ha ampliado y generalizado, tanto en el informe global como en los tres informes especiales asociados: el informe sobre el calentamiento global de 1,5 °C (SR1.5), el informe especial sobre los océanos (SROCC) y el informe sobre el cambio climático y la tierra (SRCCL). El enfoque se ha acercado a la interseccionalidad y se presenta a las mujeres y los grupos marginalizados como sujetos políticos con capacidad de agencia. Sea cual sea el marco interpretativo, todos ellos muestran la relevancia del análisis de género para revelar impactos que no se habían evaluado hasta ahora, o cuáles son los obstáculos que impiden a la gente superarlos y bloquean el desarrollo de políticas y acciones estratégicas con mirada de género o, más bien, que intenten cambiar las raíces de esta disparidad de impactos y respuestas (acción transformadora de género). En resumen, la evidencia nos muestra que al desarrollar acciones de adaptación al cambio climático es importante considerar diversas categorías analíticas (como el género, el estrato social, la edad o el grupo étnico) que ayudan a explicar sus consecuencias sociales desiguales, caracterizar a los grupos sociales marginalizados, comprender la vulnerabilidad contextual e identificar las diferentes opciones en lugares distintos.

Mujeres y adaptación al cambio climático

Tener en cuenta esta variabilidad contextual es muy relevante para desarrollar políticas y acciones de adaptación. Como indicaron Eriksen et al. (2015):

[…] toda acción de adaptación influirá en las relaciones sociales, la gobernanza y la distribución de recursos de cualquier población o región. Pero no todos estos cambios son deseables para todos. Siempre se discutirá si la adaptación combate la injusticia social y las desigualdades fundamentales y cómo lo hace, y esta adaptación dependerá siempre de conocimientos, autoridades y subjetividades concretas. (Eriksen et al., 2015)

Teniendo esto en cuenta, es imperativo que las políticas y las acciones de adaptación, como mínimo, contemplen la perspectiva de género y, preferiblemente, se configuren como acciones transformadoras. Las tecnologías, políticas y programas que agraven las cargas de trabajo de las mujeres, refuercen los estereotipos de género o no logren reconocer y valorar las contribuciones actuales de las mujeres pueden acabar marginalizándolas incluso más. A continuación se presentan algunos ejemplos de adaptaciones en la agricultura, la silvicultura y el uso del suelo, que de manera involuntaria incrementan las desigualdades de género. Es el caso de la agricultura de conservación y la gestión sostenible del suelo, reconocidas como opciones de adaptación sostenible que pueden ofrecer sinergias con la mitigación, pueden aumentar la media de horas de trabajo de las mujeres (Wekesah et al., 2019). La evidencia muestra que, en algunos casos, las intervenciones de adaptación centradas en los cultivos comerciales para aumentar el rendimiento económico han acabado reduciendo la participación de las mujeres en la toma de decisiones de los hogares en lugares donde los cultivos asociados a ellas son los de consumo doméstico. En la conservación y restauración forestal, se ha demostrado que, cuando las normas REDD+ son demasiado restrictivas y no tienen en cuenta los usos tradicionales de las comunidades locales, pueden ser un obstáculo para las mujeres y las niñas que se dedican a las actividades tradicionales en los parques nacionales. En ocasiones pueden incluso llegar a ser castigadas por ello (Benjaminsen y Kaarhus, 2018). Además, el trabajo de las mujeres en proyectos de reforestación puede acabar subvencionando proyectos de carbono –en principio, orientados a la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero– cuando la incorporación de las mujeres en los programas sociales genera «tareas de mujeres» no remuneradas que aumentan su carga de trabajo sin incrementar sus oportunidades económicas (Gay-Antaki, 2016).

«Es extremadamente importante comprender los impactos redistributivos de las políticas y estrategias de adaptación»

El enfoque interseccional de este análisis añade incluso más complejidad. Unas políticas bienintencionadas pueden, pese a todo, aumentar las diferencias entre grupos sociales. Tras un análisis sencillo de género, los programas REDD+ observaron que la recogida o el manejo de los productos forestales no madereros en Burkina-Faso estaban, en su mayoría, asociados a las mujeres. Por lo tanto, se introdujeron estos productos en las actividades de conservación del programa para incrementar sus ingresos económicos. Sin embargo, un enfoque interseccional demostró que los grupos de mujeres con menos recursos quedaban excluidos; su acceso a los recursos no estaba protegido por las instituciones locales, por lo que se incrementaban las diferencias entre las mujeres más ricas y las más pobres (Westholm, 2016). De hecho, es muy habitual que las personas con menos recursos sufran los impactos indirectos de las intervenciones de adaptación. Esto es lo que ocurre con las barreras de protección contra las inundaciones, que pueden desplazar el peligro hacia poblaciones más pobres (Mustafa y Wrathall, 2011). Peor aún son los casos en los que las adaptaciones se diseñan a propósito para beneficiar a los grupos más ricos. Un estudio en Bangladesh reveló que las élites locales y algunos contribuyentes habían utilizado los proyectos de adaptación como instrumento de presión para alejar a las poblaciones vulnerables de su medio de vida agrario (que se percibía como atrasado) y conducirlas hacia empleos urbanos, más inestables (Paprocki, 2018). Este tipo de resultados se categorizan como maladaptaciones, intervenciones que aumentan la vulnerabilidad, en lugar de disminuirla, y socavan o eliminan oportunidades futuras de adaptación y desarrollo. Al limitar implícitamente el concepto de adaptación a un proceso político «racional», se presenta a las personas como «receptoras de la adaptación», en lugar de individuos con agencia activa sobre su destino.

Pero una perspectiva de género también considera el conocimiento, la participación y los derechos y responsabilidades de las mujeres. Con este enfoque, las mujeres son agentes activos que proporcionan soluciones equitativas para el cambio climático (más allá del estereotipo de la mujer «vulnerable») basadas en la adaptación transformadora y la creación de acciones de empoderamiento. Por ejemplo, las mujeres de grupos socialmente desfavorecidos han participado en nuevas actividades de subsistencia que desafían la economía de mercado y los roles tradicionales de género tras la emigración de los hombres adultos de la comunidad (Djoudi y Brockhaus, 2011). Las intervenciones basadas en la agroecología que incluyen aspectos sociales también han demostrado empoderar a las mujeres y promover la igualdad de género tanto en áreas rurales (Oliver, 2016) como urbanas (Carvalho y Bógus, 2020). La acción colectiva y la agencia de las mujeres en los hogares agrícolas, incluyendo a las viudas, han conseguido evitar el fracaso de los cultivos, reducir la carga de trabajo, aumentar el aporte nutricional y la gestión sostenible del agua, y diversificar y aumentar sus ingresos (Andersson y Gabrielsson, 2012).

Conclusión

En resumen, debemos entender y reconocer que la vulnerabilidad y la adaptación son procesos sociopolíticos. Es extremadamente importante comprender los impactos redistributivos de las políticas y estrategias de adaptación, y aún nos queda mucho por aprender sobre ello, especialmente cuando se introducen diferentes escalas (de local a global) en el análisis. Como ya señalaron Atteridge y Remling (2017): «No se trata solo de una cuestión de equidad; también –como otros han argumentado– puede presentar un riesgo para la estabilidad o resiliencia sistémica a escala global». Comprender también cómo los procesos deliberados de transformación abordan la adaptación al cambio climático, así como su potencial transformador y empoderador, es esencial para cambiar las condiciones estructurales actuales que nos impiden alcanzar una adaptación al cambio climático más igualitaria y justa para todas las personas y grupos sociales. En este contexto, los estudios feministas proporcionan herramientas conceptuales y metodológicas que pueden contribuir al avance de su conocimiento y alcanzar estos objetivos de equidad.