El derecho al aborto ha vuelto a convertirse en noticia por los recientes eventos que han ocurrido tanto en Estados Unidos (EE.UU.) como en España. Mientras que en nuestro país el derecho a la interrupción del embarazo se ha ampliado para que las mujeres menores de 16 años puedan abortar sin el permiso de los padres, en Estados Unidos este derecho nacional, vigente desde 1973, podría desaparecer.
En el caso de que el Tribunal Supremo del país norteamericano decidiera derogar finalmente la ley del aborto, esto supondría dejar en manos de los distintos Estados su prohibición o legalización. Aunque en muchos de ellos el aborto seguiría siendo legal, es seguro que en múltiples territorios conservadores se establecería su prohibición inmediata o restricciones importantes en su realización.
El derecho al aborto refleja de forma clara cómo una determinada política o ley puede afectar de forma importante a la salud y a la vida de su ciudadanía. En este sentido, el 14 de mayo, la prestigiosa revista médica The Lancet lanzó un duro editorial en el que defiende la actual ley del aborto en EE. UU. y advierte que los jueces que voten a favor de su derogación «no tendrán éxito en terminar con el aborto, tan solo tendrán éxito en terminar con el aborto seguro».
«Alrededor de 33 millones de mujeres ponen su vida en riesgo cada año para terminar con su embarazo en multitud de países, principalmente porque las leyes limitan el acceso a prácticas seguras»
En la práctica, si el Tribunal decidiera derogar la actual ley del aborto, esto supondría el desplazamiento de multitud de mujeres procedentes de Estados donde el aborto es ilegal hacia aquellos donde sí se permitiera su realización. Es lo que ocurría en España antes de 1985, cuando no existía el derecho al aborto. Solo entre 1974 y 1985, alrededor de 240.000 mujeres españolas viajaron a Reino Unido y Holanda para interrumpir sus embarazos, porque allí sí era legal hacerlo.
Sin embargo, las embarazadas que no cuentan con los recursos económicos suficientes para costearse los gastos del viaje y de la atención médica tienen que recurrir a métodos no seguros y clandestinos para abortar, lo que pone en peligro su salud y sus vidas. Esto afectaría especialmente a las mujeres inmigrantes, de minorías étnicas y con bajo nivel de ingresos. De hecho, la tasa de mortalidad materna en las mujeres negras triplica a la de las mujeres blancas, y el aborto inseguro es un factor de gran peso en este fenómeno.
Cada año se producen alrededor de 120 millones de embarazos no deseados en el mundo y un 60 % de ellos termina en aborto. Se estima que el 45 % de las interrupciones voluntarias de embarazo se realizan a través de procedimientos no seguros (mediante métodos no recomendados o realizados por personal no profesional). En el 97 % de los casos, estos abortos inseguros ocurren en países en desarrollo.
Alrededor de 33 millones de mujeres ponen su vida en riesgo cada año para terminar con su embarazo en multitud de países, principalmente porque las leyes limitan el acceso a prácticas seguras. Según datos de la OMS, el 13 % de la mortalidad materna está provocada por abortos inseguros. En total, esto supone que en torno a 39.000 mujeres mueren cada año por esta causa.
Los métodos inseguros que se realizan al margen de la ley para interrumpir los embarazos son muy variados y entre ellos se encuentran: la ingestión o la aplicación vaginal de productos abortivos o supuestos abortivos (medicamentos, plantas, algas, diversas sustancias tóxicas, bebidas alcohólicas), la autoagresión voluntaria (golpes, caídas…) y la introducción de objetos finos en el útero (perchas, alambres, catéteres, agujas de tejer…).
Las consecuencias para la salud que tienen estas prácticas peligrosas a la hora de inducir abortos son múltiples: infecciones, hemorragias de menor a mayor intensidad, lesiones en la vagina y el útero, infertilidad, peritonitis y, en los casos más graves, la muerte.
La legalización del aborto en países donde antes estaba prohibido muestra de forma clara los beneficios para la salud que tiene permitir esta práctica en las mujeres en edad reproductiva. Sea legal o no, sea seguro o no, multitud de mujeres intentarán interrumpir su embarazo no deseado. Si la ley las ampara, las probabilidades de que busquen métodos no seguros se reducen de forma significativa.
En este sentido, Médicos Sin Fronteras explica el efecto que tuvo la legalización del aborto en Sudáfrica en 1996: múltiples estudios observaron que la mortalidad materna por abortos no seguros se redujo en un 91 % para el año 2000. Además, el número de mujeres con infecciones causadas por estos procedimientos disminuyó a la mitad.
Si finalmente el Tribunal Supremo de EE.UU. decide derogar la ley del aborto es muy probable que se produzca el efecto contrario a aquellos países que decidieron legalizar este procedimiento. Un paso atrás para la salud y la vida de las mujeres, que ni siquiera cuenta con un respaldo democrático: solo el 39 % de los estadounidenses piensa que el aborto debería ser ilegal en todos o la mayoría de los casos. Por tanto, la prohibición del aborto no solo supondría un revés para la salud pública de las mujeres, sino también un fracaso democrático.
