Dos escenarios ambientales acaparan buena parte de la atención sobre los posibles efectos derivados de la polémica ampliación portuaria. El que resulta más sensible para la opinión pública es el entorno costero, nuestro frente marítimo; en sí mismo, un capital público que ya quisieran para sí otras ciudades mediterráneas.
El valor de ese entorno va más allá de las playas, pues comprende una estimable biodiversidad de los fondos marinos, especialmente al sur del puerto, y constituye, tal como señala la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2007[1], «el espacio incluido en Red Natura 2000, catalogado como lugar de importancia comunitaria y zona de especial protección para las aves». La DIA destaca asimismo como «este espacio natural protegido está incluido en el listado del Convenio Internacional de Ramsar y está declarado parque natural». Se trata, por lo tanto, de un medio altamente vulnerable a las operaciones gigantescas de dragados y rellenos necesarios para construir los muelles y diques del proyecto.
Más divulgados han sido los efectos sobre la dinámica litoral provocados por los diques que cortan los flujos de material sólido, ese «río de arena» que transcurre paralelo a la costa y en conjunto, en sentido norte-sur por el régimen del oleaje dominante en nuestro caso.
«Resulta doloroso escuchar que el daño sobre las playas provocado por la primera fase de la ampliación (los diques de abrigo) ya está hecho y no va a más»
La citada DIA de 2007 afirmaba que «en las últimas décadas estas playas [las del sur] han venido sufriendo un retroceso producido por la interrupción del transporte litoral, debido al crecimiento del Puerto y al descenso de aportes sólidos del río Turia». Un puerto que resulta una anomalía geográfica (así lo calificó el profesor Juan Piqueras en un artículo publicado en Levante-EMV el 10 de octubre de 2010) por haberse construido en un tramo de costa con una alineación rectilínea, de pendientes suaves, nada adecuado por tanto para este tipo de instalaciones, como ocurre por el contrario con las ensenadas, las rías o los estuarios fluviales.
Resulta doloroso escuchar que el daño sobre las playas provocado por la primera fase de la ampliación (los diques de abrigo) ya está hecho y no va a más; una afirmación que no se corresponde con la realidad observable ni con las cautelas y exigencias de control que estableció el citado examen ambiental de 2007: «Es posible que estos efectos se incrementen con la ejecución del proyecto, a menos que se habiliten las oportunas medidas correctoras». Pues, en efecto, roto el equilibrio, las playas del sur siguen expuestas a la erosión por el fuerte oleaje, sin la protección que les proporcionaría el río de arena detenido ahora al norte del puerto. Resulta obvio que, si no se restablece el suministro de arena, la erosión continuará. Así que el deterioro para el conjunto del ecosistema litoral seguirá vigente, y se incrementará si se completa el temerario proyecto de ampliación, pero también si las cosas quedan como están.
A la Administración corresponde resolver esta difícil ecuación, promoviendo alternativas participativas para cumplir con los objetivos del New Green Deal.
«Muchos otros costes ambientales se obviaron también en el examen de 2007 y son perfectamente medibles, como los costes sanitarios, la degradación urbana, la depreciación de las viviendas, o la pérdida de biodiversidad»
El segundo escenario ambiental –ya afectado también por las instalaciones actuales– es un ecosistema de diferente naturaleza, pero asimismo altamente valioso, como es el medio urbano. No resulta muy difícil entender que un aumento significativo del actual trasiego de mercancías mar-tierra y mar-mar (ese es el objetivo de la ampliación) acarreará unos impactos negativos adicionales de diversa índole para la salud de las personas, y para la economía local. La exigencia de nuevos proyectos para ampliar las conexiones terrestres añade una larga cola a la obra estrictamente marítima, quedando esos proyectos fuera de la evaluación ambiental de 2007 y que representarían graves impactos con una nueva e ingente inversión ya de por sí disparatada.
Otros muchos costes ambientales se obviaron también en el examen de 2007 y son perfectamente medibles, como los costes sanitarios, la degradación urbana, la depreciación de las viviendas, o la pérdida de biodiversidad. Otros son intangibles, pero se reflejan en calidad de vida y en el atractivo de la ciudad, como la degradación del paisaje. Costes y beneficios son las dos caras de este tipo de proyectos. Cuando se ocultan o maquillan los primeros, las cuentas siempre salen a favor del promotor.
A lo expuesto hay que añadir las modificaciones al proyecto inicial que se han llevado a cabo en 2018, alterando sustancialmente la alternativa que, entre otras, exigía la DIA de 2007 porque consideraba que era la que tendría menores efectos negativos sobre el medio.
Por todo ello y teniendo en cuenta el nuevo marco legal derivado de la lucha contra el Cambio Climático, hay razones suficientes para quienes exigen una nueva Declaración de Impacto Ambiental. Por mi parte, considero que este proyecto responde a una línea discursiva en las obras públicas que hay que abandonar porque no atienden a las necesidades sociales ni a las exigencias ambientales de nuestro tiempo.
Referencias
[1] Jueves 16 agosto 2007 BOE núm. 196
[2] Levante-El Mercantil Valenciano, de sábado, 9 de octubre de 2010
