Carta abierta de la ciencia en defensa de CRISPR

Hace un año, el 25 de julio de 2018, el Tribunal de Justicia Europea dictaminaba mediante una controvertida sentencia que las variantes de plantas obtenidas a partir de herramientas de edición genética como CRISPR serían consideradas como organismos genéticamente modificados (o OGM, conocidos popularmente como «transgénicos»). Esta consideración fue recibida con gran sorpresa y rechazo por buena parte de los científicos e instituciones de investigación de toda Europa, por dos motivos: por un lado, tal como nos explica el científico catalán Pere Puigdomènech, porque «la sentencia está basada en una comprensión incorrecta de la ciencia», al considerar que un OGM (que suele incorporar material genético de un organismo ajeno) y un organismo cuyo genoma ha sido editado con herramientas de precisión como CRISPR son lo mismo. Por otro, porque la sentencia supone que estas últimas variedades pasan a estar sujetas a la misma regulación que los transgénicos en Europa, una de las más restrictivas del mundo en esta materia.

Hoy, después de un año de protestas y peticiones para que las instituciones de la Unión Europea reconsiderasen su postura, 117 instituciones científicas de Europa hacen pública una carta abierta dirigida a los recientemente renovados Parlamento Europeo y Comisión Europea en que, de nuevo, piden que se revise la normativa europea para que esta no dificulte el uso y la aplicación de herramientas de edición genética para obtener variedades de plantas de interés, que consideran fundamentales para conseguir una agricultura y una producción de alimentos más sostenibles. Entre las instituciones que se han adherido a la iniciativa desde el Estado español se encuentran la Universitat de València, el Instituto de Biología Integrativa y de Sistemas de la UV y el CSIC (I2SysBio), la Universitat d’Alacant, la Universitat de Lleida, el Centro Nacional de Biotecnología-CSIC o el Centro de Investigación en Agrigenómica de la Universitat Autònoma de Barcelona (CRAG en sus siglas en catalán).

«’La legislación de la Unión Europea sobre OGM, promulgada en 2001, ya no refleja correctamente el estado actual del conocimiento científico’ dicen los firmantes de la carta»

A este último centro pertenece Pere Puigdomènech, profesor de investigación, coordinador del número 100 de Mètode, Los retos de la ciencia, y el enlace a nivel español de esta iniciativa gestada en Instituto de Biotecnología de Flandes de la Universidad de Gante, en Bélgica. Según explica Puigdomènech en declaraciones para Mètode, el punto clave de esta polémica radica en la legislación europea sobre los transgénicos, según la cual, si una planta es considerada como tal, para poder ser cultivada tiene que pasar por una serie de requisitos (pruebas de campo, de seguridad alimentaria, etc.), cuya realización puede ascender a más de 10 millones de euros. Esta barrera económica supone, entre otras consecuencias, que solo aquellos cultivos con una producción bastante rentable para recuperar la inversión (por ejemplo, el trigo o el maíz) pueden costear estos controles. No obstante, la legislación prevé una excepción: las variedades obtenidas mediante mutagénesis dirigida; es decir, aquellas provenientes de semillas cuya información genética ha sido alterada mediante técnicas experimentales para obtener variedades de interés. Aún así, «estos tipos de mutaciones no dejan de estar sujetas al azar», señala Puigdomènech. «Si tenemos una herramienta como CRISPR que nos permite llevar a cabo una mutagénesis mucho más dirigida y controlada… tendría que contemplarse también como una excepción dentro de esta legislación».

Así lo afirma también la carta abierta de estos científicos al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea: «La legislación de la Unión Europea sobre OGM, promulgada en 2001, ya no refleja correctamente el estado actual del conocimiento científico. No hay razones científicas para considerar los cultivos con el genoma editado de manera diferente a las variedades mejoradas convencionalmente que tienen alteraciones similares en su genoma. Las plantas que se han sometido a ediciones genómicas simples y dirigidas mediante mejora de precisión y que no contienen genes foráneos son al menos tan seguras como las variedades derivadas de las técnicas de mejora convencionales».

Logotipos de las instituciones de investigación que han firmado la carta a favor del uso de CRISPR para la obtención de variedades agrícolas en la Unión Europea.

La carta insiste, además, en la relevancia del uso de técnicas como CRISPR para virar hacia una agricultura y una producción de alimentos más sostenibles, un objetivo fundamental si se quiere hacer frente a desafíos de creciente envergadura como la superpoblación o la pérdida de biodiversidad espoleada por el cambio climático. También protestan porque la legislación europea resulta especialmente dura para los institutos de investigación así como para las empresas de biotecnología pequeñas, porque «simplemente es demasiado complicada y cara». «La consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo —se dice en la carta— es que el uso de técnicas de precisión como CRISPR está convirtiendo en el privilegio de un grupo selecto de grandes empresas multinacionales que pueden explotarlas en grandes cultivos», dejando fuera a Europa de la carrera por la innovación en este sector. En este sentido se expresa también Pere Puigdomènech, que además apunta a otro problema que se abre a escala interna europea, y es que «no tendremos manera de saber si productos que vienen de otros países son de plantas obtenidas con CRISPR o no. ¿Cómo lo regulamos eso?».

Son, sin duda, retos que las instituciones europeas tienen que tener en consideración si finalmente deciden revisar la normativa sobre el uso de las técnicas CRISPR en la obtención de nuevas variedades para la agricultura al Viejo Continente.

Para más información, pueden leer la carta entera de las instituciones de investigación europeas a la Comisión y el Parlamento en español y en inglés. También pueden ver el vídeo realizado por la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia en que Juli Peretó, vicedirector del I2SysBio, y José Pío Beltrán, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, comentan la sentencia.